JUEVES 05 DE NOVIEMBRE DE 2026
Los vocales de Presupuesto y Hacienda ausentes fueron Silvana Schneider, Flavio Fama y Beatriz Ávila; y de Población y Desarrollo Humano, Daniel Bensusán y Victoria Huala.
Según fuentes consultadas por parlamentario.com, este dictamen tiene chances de ser llevado al recinto de la Cámara alta el próximo jueves 19 de noviembre. Seguramente el temario también contemple el Tratado de Cooperación en materias de Patentes que fue firmado el pasado 15 de octubre del 2026. De todos modos, también habría sesión ordinaria el 26 y no está descartado que pueda ser en esa cita.
En el comienzo de la reunión, Alicia Kirchner, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, puso el foco en el consenso logrado en el Salón Azul y lo vinculó al “interés” del Senado en abordar la problemática. También recordó el vencimiento de la Emergencia en Discapacidad del próximo 31 de diciembre.
Y agregó: “Es fundamental que antes de terminar el período legislativo le demos sanción”. Luego, cargó: “Toda ley es perfectible, pero hoy debemos garantizarles a las personas discapacitadas la cobertura general”. Como puntos importantes, destacó la compatibilidad de la Pensión no Contributiva con el empleo formal y la recomposición de deudas a los prestadores.
Autor de un proyecto de prórroga de la Emergencia, el senador chubutense Carlos Linares, quien señaló que “hay una gran desesperación del colectivo de la discapacidad”. De todos modos, el integrante del bloque Justicialista decidió retirar el texto de su autoría y expresó: “Voy a acompañar este dictamen que vino de Diputados que no es lo ideal porque debemos seguir trabajando y es mucho lo que falta y lo que hay que trabajar”.
Linares puso el foco en las asignaciones presupuestarias dentro del proyecto de Presupuesto 2027 y adelantó que, cuando la “ley de leyes” arribe al Senado, será revisada esa cuestión. “Debemos despejar la incertidumbre que tiene el colectivo de discapacidad”, sumó. Minutos después la senadora mendocina Mariana Juri de la Unión Cívica Radical también se manifestó en ese sentido.
“Nos vemos obligados a firmar porque los proyectos de Linares y Anabel Fernández Sagasti son más justos”, señaló Juliana di Tullio del bloque Justicialista. De todas maneras, dejó en claro el acompañamiento del texto en el recinto, pero aclaró: “Este gobierno no tiene en su agenda los derechos de las personas con discapacidad, ni de sus familias y si esta ley sale es porque ellos le torcieron la mano al Gobierno en la calle”.
No dejó pasar los últimos resultados electorales y deslizó: “Los bellos milagros vienen sucediendo como en Brasil y Estados Unidos”, en alusión a la frase que utilizó Vigo irónicamente sobre la confección de este proyecto de ley. A su vez, consideró que “este proyecto es malo”, y reiteró que “hace tres años vienen sufriéndolos”, respecto a la política del gobierno en materia de discapacidad.
Luego fue el momento de tomar la palabra de Patricia Bullrich, jefa de bancada de La Libertad Avanza, quien después de destacar el consenso del contenido del dictamen, puso el foco en la transparencia: “Esto no es un plan social y es importante tenerlo claro”. En ese momento le pidió a las provincias y municipios -y a las autoridades de aplicación del Ejecutivo- “tener un mecanismo de control que realmente permita que no estemos en una situación de enorme duda antes pensiones otorgadas como mecanismo de ‘plan social’”.
Sobre el dictamen firmado, consideró que esto “busca dar una respuesta permanente a las personas con discapacidad y a las familias”. Asimismo, añadió que la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad “le da continuidad a las prestaciones y control a las pensiones que están muy por encima de la media que cualquier pueblo tiene”.
Patricia Bullrich firmó el dictamen de la Ley de Discapacidad.
En tal sentido, destacó como “importantes” la compatibilidad de la Pensión con el empleo formal hasta dos salarios mínimos; la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o la denominación que adopte en el futuro; y la realización de auditorías periódicas destinadas a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para conservar el derecho a percibir la pensión, “para que no paguen justos por pecadores y que vaya a quienes realmente lo necesitan”, explicó.
En el final de su intervención, reiteró que “se han identificado las partidas presupuestarias”, en alusión a la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes dentro del Presupuesto 2027 que se encuentra debatiéndose en la Cámara de Diputados. Ese punto, también habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de ley.
En tono irónico, la senadora cordobesa Alejandra Vigo inició su intervención al calificar a este dictamen como “el milagro de la venida del Papa a la Argentina”. No obstante, agregó: “la dirigencia política entendió que la venida debía tener una respuesta a un tema que venimos tratando hace mucho tiempo porque es un tema que está severamente en emergencia como tantos otros problemas sociales, pero esta es una ley bastante oportunista”.
Al igual que los legisladores de Córdoba en la Cámara baja (Provincias Unidas, Unión por la Patria y Defendamos Córdoba) remarcó que “no ha sido una media sanción que ha tenido en cuenta la firma de Argentina en las distintas convenciones”, y cargó: “Es una ley que no se trató con todos los responsables que tienen que ver con este compromiso de la atención de la discapacidad”.
La cordobesa no se guardó ninguna crítica al proyecto de ley firmado por el Senado este miércoles y planteó tres problemas. En primer lugar, cuestionó al Estado nacional por “no dar los fondos para que la Emergencia en Discapacidad -vigente en este 2026- tenga vigencia cierta”; en segundo lugar, puso el foco en la ausencia de participación del COFEDIS -Consejo Federal de Discapacidad- en la elaboración del texto.
Y por último criticó que “hubo un descuido en la mención de las convenciones suscriptas para el derecho de las personas con discapacidad y tampoco participaron los ministerios de Salud provinciales que están en el COFESA -Consejo Federal de Salud-. Para culminar, cuestionó el artículo 15 que compensa las deudas con prestadoras y añadió: “A mi juicio, están un 30% abajo”
