A través de la Resolución 200/2026, del 15 de octubre, la Secretaría de Agricultura aprobó una nueva soja transgénica de Syngenta resistente a cuatro familias de herbicidas: glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D e inhibidores de la enzima HPPD. Cuatro días después, Naturaleza de Derechos, la organización a cargo del abogado Fernando Cabaleiro, formalizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado argentino por la demora injustificada de la Corte Suprema en una causa iniciada en marzo de 2013 que cuestiona la legalidad de las autorizaciones comerciales de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Uno de los argumentos centrales de la presentación fue denunciar las sucesivas autorizaciones de eventos transgénicos durante los trece años en que la demanda permaneció sin resolución. Cabaleiro lo define: «Es lisa y llanamente negación de justicia ambiental».
El expediente
El expediente CAF 6580/2013 cuestionó la autorización comercial de la soja transgénica MON87701 x MON89788 (conocida como Intacta RR2 PRO, de Monsanto), aprobada mediante la Resolución 446/2012 «por el incumplimiento de las obligaciones de evaluación ambiental, información pública y participación ciudadana previstas en la Ley General del Ambiente 25.675». Los demandados son el Estado Nacional, Bayer-Monsanto y Corteva.
Autorizaciones llave en mano
El planteo denunció que las autorizaciones se otorgaban mediante evaluaciones sectoriales que no satisfacían las exigencias de evaluación ambiental integral y participación pública previa. También apuntó a la duración y el diseño de los ensayos de seguridad alimentaria: Monsanto presentó estudios en ratas de 90 días para los eventos individuales, pero para la combinación utilizó, entre otros antecedentes, un ensayo en pollos de engorde de apenas 42 días. La demanda cuestionó que esos antecedentes fueran suficientes para descartar consecuencias de exposiciones prolongadas.
La petición reconstruyó las autorizaciones otorgadas hasta octubre de 2026: se contabilizaron más de 60 autorizaciones nuevas de eventos transgénicos de soja, maíz, algodón, alfalfa, papa y trigo, entre otros cultivos. Cuando se inició el proceso judicial, en 2013, los OGM aprobados eran 28, menos de la mitad.
Tiempos kafkianos
El 22 de mayo de 2017, tras concederse el recurso extraordinario federal, el expediente ingresó a la Corte Suprema. A comienzos de 2024, la ONG presentó un pronto despacho y denunció formalmente la demora. Ya pasaron casi diez años sin sentencia de fondo.
«El caso es una muestra de cómo funciona la Corte en materia ambiental», asegura Cabaleiro. «En estos tiempos de fuerte regresión de los derechos socioambientales, la Corte tiene que ser un dique de contención frente a los avasallamientos de los extractivismos». El abogado es crítico de Néstor Cafferata, a cargo de la Secretaría Ambiental de la Corte: «Le imprime tiempos kafkianos a los expedientes».
