Esta voz de resistencia creció con fuerza en los últimos días luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, diera a conocer un dictamen por el cual solicitó formalmente la impugnación del proceso licitatorio instrumentado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), luego de identificar una serie de anomalías.
En el documento se consigna que los peritos informáticos encontraron que el informe supuestamente atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que el Gobierno Nacional presentó como aval respaldatorio "es apócrifo".
En el dictamen se advierte sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú (acceso a la información ambiental), falta de mecanismos de participación ciudadana y federal de las provincias ribereñas, objeciones sobre la fórmula de evaluación de las ofertas y sobre riesgos de direccionamiento del proceso en perjuicio de la sana competencia.
Con el dictamen de la Procuradoría, las organizaciones Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos radicaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello, con el objetivo de frenar el proceso licitatorio.
Estas acciones tienen lugar luego de que el Gobierno nacional comunicara a las empresas oferentes la finalización de la evaluación técnica de la licitación para la concesión, confirmando que las empresas Jan de Nul y DEME avanzarán a la instancia final del proceso.
“Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”, sostuvo el diputado nacional de Unión por la Patria Jorge Taiana, quien se puso al hombro la tarea de articular a los distintos sectores sociales y políticos comprometidos con la causa.
El rol de Taiana
El ex canciller y ex ministro de Defensa presentó tres proyectos de resolución con pedidos urgentes de suspensión del proceso licitatorio, y además juntó firmas de notables personalidades de la cultura y de la política para una solicitada.
Otro paso clave se dio el martes pasado cuando Taiana encabezó una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados junto a legisladores del bloque Unión por la Patria, especialistas, representantes sindicales, activistas ambientales y referentes de organizaciones comprometidas con la defensa de la soberanía sobre el Río Paraná.
El encuentro tuvo como objetivo construir una agenda política, parlamentaria y social orientada a fortalecer la defensa de la Vía Navegable Troncal como una vía estratégica para el desarrollo económico, productivo y soberano de la Argentina.
Durante la reunión, los asistentes coincidieron en cuestionar la actual licitación de la Vía Navegable Troncal por la falta de transparencia, la ausencia de participación federal y las serias irregularidades en el proceso.
Defensa de los humedales
El problema excede cuestiones meramente técnicas vinculadas a la concesión del dragado y mantenimiento de la Hidrovía -que podrían tener consecuencias penales serias- y comprende dimensiones como la defensa de los ecosistemas de humedales en un corredor fluvial que recorre 3.442 kilómetros entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Además, por la Vía Navegable Troncal circulan buena parte de las exportaciones agroindustriales del continente, por lo que hacerse del control de los flujos comerciales le dará un poder económico enorme a la empresa concesionaria y a las corporaciones agroindustriales vinculadas al comercio de alimentos y otras mercancías en el Paraná.
Según sospechan organizaciones ambientalistas, la intención del Gobierno y de las empresas que buscan explotar la Hidrovía es profundizar el calado del canal navegable por encima de los niveles actuales.
En la actualidad, las profundidades máximas varían entre los 34 y 37 pies, que fueron los niveles fijados tras la primera privatización en los años 90.
La idea ahora sería llevar la profundidad de calado a los 44 pies de manera tal de permitir la navegación de buques de mayor porte.
Esta reconversión, denuncian, alterará de forma brutal la dinámica natural del río y podría alterar el sistema hidríco con consecuencias irreparables para los ecosistemas fluviales.
La hipótesis que manejan es que la ampliación del dragado reforzaría el escurrimiento del agua y eso desencadenaría el secado de bañados, lagunas y otro tipo de humedales. __IP__
El panorama sería desolador y crítico para quienes, por ejemplo, viven de la pesca como medio de subsistencia, y también para quienes desarrollan actividades como el turismo y la ganadería.
