“Como estacioneros nos complica muchísimo, si se aprueba vamos a entrar en un negocio financiero y puede llegar a haber desabastecimiento. Las petroleras nos informan cuando llega el camión o a las 00:00 horas de ese mismo día, con 48 horas de anticipación es imposible”, alertó Landgrebe en diálogo con Diputados Bonaerenses.
En esa línea, Landgrebe recalcó: “Los precios van de acuerdo al valor del crudo internacional, las variables que influyen en el combustible son tipo de cambio, productos bio, los impuestos y el valor del crudo, si se mueve alguna aumenta ¿Por qué voy a vender un producto a pérdida? Como comerciante lo lógico es cerrar esperar las 48 horas y no vender”.
Las declaraciones remiten a un escenario conocido para la tropa del Frente Renovador. A fines de octubre de 2023, la semana posterior a las elecciones generales, cuando el por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, era candidato a presidente por el peronismo, gran parte del país sufrió faltantes de nafta y gasoil, con surtidores cerrados, cupos de carga y filas de varias horas en las estaciones de servicio.
Las explicaciones del descalabro de esa semana fueron variadas y todas distintas. Los estacioneros justificaron la escasez a la demanda extraordinaria, impulsada por ese fin de semana largo, una mayor actividad del agro y compras preventivas de consumidores ante la expectativa de un aumento de precios por el clima político de tensión.
Sin embargo, desde las huestes massistas acusaron a las petroleras de especular con una devaluación y de restringir el abastecimiento para presionar por una actualización de los precios. Incluso el propio Massa amenazó con impedir exportaciones de petróleo si no se normalizaba el suministro, lo que escaló la tensión entre el oficialismo y el sector.
Con este antecedente, el titular de la federación de estacioneros fue categórico y remarcó que existe detrás del proyecto de Rasquetti una puja entre el líder del Frente Renovador y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Parecería una venganza de Massa contra las petroleras, pero no nosotros somos las estaciones de servicio, si es así es lamentable que los políticos se ocupen de estas cosas”, expresó.
Lo cierto es que, el texto propone que las petroleras informen toda modificación de precios y que las estaciones de servicio publiciten los cambios con 48 horas previas a su entrada en vigencia. Es decir, si los estacioneros están obligados a comunicar con dos días de anticipación el incremento, tendrán que vender durante dos días con los precios atrasados, lo que complicaría la economía de cada gasolinera.
Además, la iniciativa de la legisladora bonaerense fija multas de entre $7,2 millones y $215 millones si no se cumple la ley y prevé la suspensión de la habilitación comercial en caso de reincidencia por parte de las estaciones de servicio.
Por último, Landgrebe confió que desde la federación de estacioneros creen que la iniciativa no va a prosperar en la Legislatura bonaerense. “Creemos que no se va a tratar… en su momento tuvimos reuniones e hicimos presentaciones, el jueves nos juntamos todas las provincias para debatir el tema, porque vamos a necesitar apoyo de todos”, adelantó.
De aprobarse la iniciativa impulsada por Rasquetti no tendría antecedentes directos en el mercado argentino de combustibles. Si bien hasta hace poco las petroleras debían informar los precios vigentes para su difusión oficial, no existía una obligación legal de comunicar con antelación las subas antes de su entrada en vigencia.
Las petroleras también rechazaron el proyecto que regula las subas en estaciones de servicio
En noviembre del año pasado, momento en que fue ingresado el proyecto de la legisladora del Frente Renovador, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) expresó su rechazo al advertir que podría provocar desabastecimiento y distorsiones en el mercado. “El anuncio previo de aumentos induce un comportamiento especulativo de la demanda y genera quiebres de stock”, plantearon desde la confederación.
En la misma sintonía, la Asociación de Estaciones de Servicio también se plegó a las críticas y reclamó que la Legislatura bonaerense “reconsidere el impacto negativo”, mientras que la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) anticipó que la obligación de comunicar los aumentos podría derivar en “picos de demanda que lleven inexorablemente al desabastecimiento”, tal como ocurrió en el 2023.
En paralelo, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) expresó su preocupación por el impacto del proyecto sobre la competencia y el funcionamiento del mercado. En un comunicado firmado por Mariano Mayo y Alejandro Gentile, la entidad advirtió que “la uniformidad informativa anticipada afecta la dinámica del mercado, provoca aumentos repentinos de la demanda y puede derivar en quiebres de stock”.
Los representantes del sector remarcaron que los consumidores ya disponen de información visible y actualizada tanto en surtidores como en plataformas digitales, por lo que calificaron como “innecesario y riesgoso” imponer anuncios obligatorios con varios días de anticipación.
