El proyecto establece que los descuentos por obligaciones voluntariamente asumidas no podrán superar el 30% de la remuneración neta, garantizando que al menos el 70% del salario quede disponible para el trabajador. Además, fija un piso mínimo: los descuentos no podrán reducir el ingreso efectivo por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación. «El salario tiene carácter alimentario y hay que protegerlo. Como mínimo, el 70% del ingreso debe quedar en manos del trabajador», afirmó Berni.
Para los agentes que ya están sobreendeudados, la ley contempla un Régimen Provincial de Reordenamiento Financiero, de adhesión voluntaria, que permitirá consolidar obligaciones, ampliar plazos, reducir tasas y reemplazar múltiples cuotas por una única cuota compatible con los ingresos del trabajador. «Hay trabajadores que fueron acumulando obligaciones y hoy necesitan una alternativa que les permita ordenar sus cuentas sin desconocer las deudas que legítimamente asumieron. La respuesta no puede ser empujarlos a tomar un crédito usurario para pagar otro crédito», sostuvo el senador.
La propuesta también incluye una mayor regulación y control sobre mutuales, cooperativas y otras entidades que descuentan cuotas directamente de los haberes provinciales, con el objetivo de prevenir nuevos endeudamientos por encima de la capacidad de pago. Además, contempla la provisión de herramientas gratuitas para promover una educación financiera saludable entre los trabajadores.
