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La difusión del indicador estuvo rodeada de controversia. La cifra había sido eliminada del sitio oficial del Ministerio de Salud y volvió a publicarse tras los cuestionamientos de distintas organizaciones, lo que agregó tensión a un debate ya atravesado por recortes presupuestarios y modificaciones en programas nacionales.

Los datos oficiales no muestran un incremento homogéneo en todas las etapas del primer año de vida. El quiebre se produjo en el período más crítico y sensible para el sistema de salud: las primeras semanas posteriores al nacimiento. “Al analizar los datos publicados de 2024, queda claro que lo que aumentó fue la mortalidad neonatal; es decir, que se quebró la tendencia decreciente porque murieron más bebés de hasta 28 días”, explicó Leonel Tesler, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, a El Auditor.info.

Las muertes en las primeras semanas de vida suelen estar vinculadas a eventos clínicos que requieren diagnóstico temprano y capacidad de respuesta inmediata, desde partos prematuros hasta intervenciones de alta complejidad. “Las probabilidades de sobrevida en todos los casos dependen del acceso que se tenga al sistema de salud y de las condiciones en las que se llevó adelante el embarazo”, señaló Tesler.

Según su evaluación, en 2024 no se registró un aumento de partos prematuros ni brotes epidémicos que expliquen el salto en la tasa. El factor diferencial habría sido otro. “Lo que sí se modificó fue el acceso como consecuencia directa del recorte en diferentes partidas, en especial de aquellas destinadas a financiar políticas públicas implementadas por las provincias mediante transferencias específicas por fuera de la coparticipación”, sostuvo. 

En un sistema descentralizado como el argentino, donde las provincias gestionan los servicios pero dependen en parte de fondos nacionales para sostener programas estratégicos, cualquier alteración en el flujo de recursos puede impactar en la capacidad de respuesta.

Desde el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), el investigador Adrián Santoro eligió la cautela para establecer relaciones causales lineales, aunque reconoció que el contexto fiscal no es neutro. “Es difícil medir el impacto, sobre todo teniendo en cuenta que los datos de los que hablamos son de 2024. De todas formas, el desfinanciamiento del sector lógicamente podría estar influyendo”, afirmó. Y agregó que el análisis debe realizarse provincia por provincia, debido a la heterogeneidad estructural del sistema sanitario argentino.

Santoro subrayó que la mortalidad infantil responde a un entramado más amplio que trasciende lo estrictamente sanitario. “Con respecto a las causas, evidentemente influyen cuestiones del acceso a los servicios de salud para el control del embarazo y del parto, así como la calidad de estos servicios. Sin embargo, estos determinantes actúan en un entramado más complejo donde la determinación fundamental proviene de las condiciones de vida de la población”, explicó. 

En ese sentido, advirtió que “el deterioro de las condiciones de vida se manifiesta de múltiples maneras y siempre va acompañado de un empeoramiento en la performance de este tipo de indicadores de salud”.

El investigador también señaló que, aunque en el país se logró reducir la mortalidad infantil en promedio durante las últimas décadas, no se consiguió disminuir con la misma eficacia las desigualdades territoriales. “Argentina ha sido más eficaz reduciendo los valores en promedio que achicando la dispersión. Las desigualdades persisten y alcanza con ver los valores provinciales para comprobarlo”, sostuvo. Las brechas en infraestructura, distribución de profesionales y organización del sistema hacen que el impacto de cualquier ajuste presupuestario no sea homogéneo.

Tesler coincide en un punto: “La fragmentación de la parte estatal del sistema de salud hace que cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tengan sistemas autónomos. Por eso es muy desigual el grado de planificación y organización en cada jurisdicción”. Además, señaló que “hay provincias que nunca llegaron a darse una estructura sólida y fueron variando de acuerdo con el financiamiento que bajaba desde la Nación”.

“El principal factor que pudo haber influido es que se haya priorizado la reducción del déficit mediante el recorte del gasto por sobre la vida y la salud de las personas embarazadas y los bebés”, afirmó Tesler. También señaló que “el Estado nacional debería implementar medidas orientadas a aumentar la equidad en el acceso”. Según el especialista, no alcanzan las transferencias aisladas: se requieren políticas sostenidas sobre la fuerza laboral, la infraestructura y el equipamiento, junto con mecanismos de articulación entre jurisdicciones.

Santoro, por su parte, cuestiona una mirada sectorial reducida. “Pensar que la respuesta a este fenómeno debe provenir del sector salud es pensar de forma fragmentada. Sin dudas deben buscarse maneras de mejorar el funcionamiento del sistema de salud y que el acceso sea universal, sobre todo para poblaciones vulnerables. Sin embargo, esto debe estar inserto en un contexto de políticas sociales orientadas a mejorar la vida de las personas”, sostuvo.