“¿Emitir podría ser penado? Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo el Presidente. Según explicó, la reforma podría incluso apoyarse en artículos ya existentes del Código Penal.
La definición llegó en el marco de una explicación más amplia sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En este contexto, Milei sostuvo que el Gobierno ya tiene una “versión unificada” de la iniciativa y apuntó contra el esquema actual de la autoridad monetaria, al que calificó como “un insulto al intelecto” por tener “cinco objetivos” de política económica. En esa línea, anticipó que se buscará prohibir de manera explícita, y con sanciones penales, que el Banco Central financie al fisco.
“¿Emitir podría ser penado? Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo el Presidente. Según explicó, la reforma podría incluso apoyarse en artículos ya existentes del Código Penal.
En ese mismo tramo de la entrevista, Milei vinculó la independencia del Banco Central con una regla más estricta sobre el gasto público. “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, señaló. Ante la consulta sobre si ese mecanismo sería impulsado por ley, respondió que “sí, estamos trabajando en ello”.
En Estados Unidos, un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de gasto o una autorización transitoria de financiamiento. En ese caso, las agencias federales sin fondos deben suspender actividades no esenciales, mientras que las funciones críticas continúan operativas.
El antecedente más recordado ocurrió durante la primera presidencia de Donald Trump. Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el gobierno federal atravesó un cierre parcial de 35 días por la falta de acuerdo sobre el financiamiento del muro con México. La parálisis afectó a unos 800.000 empleados federales, entre trabajadores suspendidos y personal esencial que siguió trabajando sin cobrar.
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, aquel cierre demoró u$s18.000 millones en gasto federal y recortó en u$s11.000 millones el nivel de actividad. Si bien la mayor parte se recuperó, unos u$s3.000 millones quedaron como pérdida permanente.