Esta mañana, la ex secretaria privada de Espinoza respaldó el recurso de casación que busca frenar el sobreseimiento de Espinoza, dictado el pasado 18 de febrero de 2026 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16. La presentación fue realizada junto a su nuevo abogado patrocinante, Ignacio Barrios, y cuestiona la interpretación que hizo la Justicia sobre su situación procesal.
En el escrito, la denunciante sostuvo que nunca abandonó su intención de continuar con la causa y remarcó que la resolución judicial interpretó erróneamente que la falta momentánea de abogado equivalía al desistimiento de la querella. “La presente pieza no introduce un objeto recursivo diverso ni pretende modificar la plataforma impugnativa ya habilitada”, señala el texto, que además denuncia arbitrariedad y una “valoración fragmentaria” de las pruebas.
Según explicó la defensa, luego de que su anterior abogado renunciara, el Tribunal intimó a Rakauskas para que consiguiera un nuevo patrocinio legal en un plazo de 72 horas, bajo apercibimiento de apartarla del rol de querellante. Frente a esa situación, la mujer informó el 2 de enero de 2026 que atravesaba una situación de vulnerabilidad y pidió tiempo para regularizar su representación, al mismo tiempo que reclamó avanzar hacia el juicio oral.
La presentación también remarca que, en paralelo, el Ministerio Público Fiscal dejó de sostener la acusación y solicitó el sobreseimiento de Espinoza, por lo que la continuidad del expediente dependía exclusivamente de la acusación privada impulsada por la denunciante. En ese sentido, el nuevo abogado consideró que la Justicia debía preservar especialmente la intervención de la querella.
“La falta transitoria de patrocinio letrado no puede interpretarse como desistimiento expreso o tácito, especialmente cuando la víctima compareció, reclamó garantías y pidió continuar el proceso”, argumentó Barrios en el escrito presentado ante Casación, donde además se cuestiona la aplicación del artículo 82 del Código Procesal Penal.
Al mismo tiempo, la defensa de Rakauskas sostuvo que la resolución vulneró derechos reconocidos en la Ley 27.372, la Convención de Belém do Pará y la Constitución Nacional, ya que la exclusión de la querella derivó directamente en el cierre de la causa sin evaluar medidas alternativas menos restrictivas, como otorgar un plazo adicional o garantizar asistencia institucional.
“La acusación existía. La voluntad persecutoria había sido exteriorizada. El requerimiento de juicio estaba vigente. No hubo desistimiento expreso. No hubo abandono inequívoco”, remarca Rakauskas en la presentación judicial, que insiste en que la dificultad para conseguir nuevo patrocinio legal era una situación subsanable y no una causal para extinguir la acción penal.
Por ese motivo, Rakauskas pidió que la Justicia revoque el sobreseimiento del intendente de La Matanza y permita que la causa continúe hacia el debate oral y público. De manera subsidiaria, la denunciante solicitó que se adopte la medida menos restrictiva posible para regularizar cualquier cuestión formal pendiente sin clausurar definitivamente el expediente.
Espinoza fue a juicio por abuso sexual: los detalles de la denuncia
Es preciso mencionar que la investigación que abrió la Justicia tras la denuncia de la exsecretaria del intendente de La Matanza señala que el 10 de mayo de 2021, a las 21:30 horas, Espinoza se presentó en la vivienda de la denunciante, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el pretexto de “cenar y conversar sobre su trabajo”.
De acuerdo a lo expresado en denuncia, los abusos ocurrieron durante la madrugada del 11 de mayo de 2021, después de “la tercera y última vez que cenaron”. La exsecretaria de Espinoza aseguró que en esa ocasión el intendente avanzó contra su voluntad, en un contexto en el que ya había manifestado incomodidad en encuentros previos.
En su relato, la víctima describió como, luego del abuso, Espinoza continuó intentando establecer contacto con ella, pese a que la denuncia ya había sido presentada. Además, el juez incluyó en su resolución un incidente ocurrido el 1 de julio de 2021, cuando el intendente de La Matanza violó una orden judicial que le prohibía acercarse a la denunciante.
En este caso, el encargo fue realizado por Gustavo Cilia, quien en ese momento era pareja de Rakauskas y tenía estrechos lazos con el intendente. De acuerdo al relato de la denunciante, el hombre de confianza de Espinoza se acercó en diversas ocasiones a la casa de la denunciante con el objetivo de presionarla para que retirara la denuncia, lo que añade una capa de complejidad al proceso.
Por caso, la jueza sostuvo que “el relato de la víctima asegurando haber sufrido esos tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa dando cuenta de los efectos producidos en ella a partir de lo ocurrido”.
