Frente al deterioro de los caminos rurales y la falta de respuestas, la Sociedad Rural de 9 de Julio presentó en el Honorable Concejo Deliberante local (HCB) un proyecto de ley para hacerse cargo de la administración y mantenimiento de la red vial.
Según explicaron los productores bonaerenses, la iniciativa pretende blindar el 85% de lo recaudado por la administración local en concepto de tasa vial y el 100% de los fondos provinciales asignados al partido para obras.
“La idea es crear una comisión de trabajo, conformada por los productores con un gerente técnico elegido por concurso, que determine los fondos y ejecución de obras de toda la parte hidráulica y vial del partido”, detalló el presidente de la entidad, Hugo Enriquez.
La presentación se desprende de un trabajo de cinco meses en donde se recolectó información de municipios que llevaron a cabo proyectos similares como Trenque Lauquen, Benito Juárez, y se lo adaptó a las necesidades locales.
“Tras mucho debate, pusimos lo que creímos conveniente y se lo estamos entregando a los presidentes de bloque del Consejo Deliberante y enviándolo al Ejecutivo para ponerlo al tanto. Esperamos que esto camine y se haga realidad”, planteó Enriquez.
Entre los objetivos, los productores bonaerenses señalaron la necesidad de que la Comisión Vial trascienda los distintos partidos y gobiernos a fin de consolidar una política de Estado continúa en lo que respecta al mantenimiento de los caminos rurales, esencial en la logística del agro.
“Esperemos que llegue a buen puerto, será discutido en el Concejo Deliberante y el Ejecutivo, no va a ser una respuesta rápida, por lo que la situación de crisis coyuntural que tenemos, la tendremos que seguir paleando lo mejor posible, pero para adelante pretendemos cambiar la historia”, finalizó el ruralista.
Caminos rurales: llueven propuestas, faltan soluciones
La iniciativa de la Sociedad Rural de 9 de Julio se suma a una larga lista de iniciativas de productores para resolver una problemática que nunca encuentra respuestas por parte de las administraciones locales, y que promete agravarse con la llegada del fenómeno climático “El Niño”, que propicia lluvias abundantes.
Por nombrar algunos ejemplos, ante el barro y la desidia, el año pasado, productores de Carlos Casares resolvieron presentar una denuncia penal contra el intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, a quien responsabilizan por mantener inactivo al Comité de Cuenca Subregión A3 que preside, mientras la región seguía bajo el agua desde febrero.
La presentación judicial incluyó cargos por estrago doloso por inundación, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión impropia con deber de garante, delitos que contemplan penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Para los denunciantes, el jefe comunal Stadnik y los funcionarios provinciales “conocían el riesgo, contaban con la obligación legal y técnica de actuar, y sin embargo eligieron no hacerlo”.
En paralelo, productores de Tapalqué, Daireaux y Azul acudieron a la Justicia para declarar la ilegitimidad del cobro de las tasas municipales en relación a la red vial. Entre los argumentos, los damnificados alegaron la falta de prestación efectiva del servicio, donde los caminos rurales están detonados.
Aun así, mientras productores, entidades rurales e incluso la Justicia ensayan distintas soluciones frente al deterioro de la red vial, la problemática de los caminos rurales sigue sin una solución integral, a pesar de ser una infraestructura clave para la logística productiva bonaerense y la conectividad de las comunidades del interior.
