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La audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares se desarrolló en la Cámara de Diputados, atravesada por cuestionamientos desde el inicio y con un desarrollo marcado por tensiones políticas, problemas organizativos y una amplia mayoría de exposiciones en contra del proyecto oficial.

Antes de que arrancaran las intervenciones, un grupo de diputados de distintos bloques opositores, encabezados por Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías, presentó un pedido para impugnar la audiencia. En ese documento advirtieron que el mecanismo elegido restringe la participación y no se ajusta a normas vigentes.

La postura también fue expresada públicamente: Ferraro pidió, a través de sus redes sociales, que se frenara la sesión y solicitó “que se declare la invalidez de la audiencia pública, la nulidad de los actos realizados y la convocatoria a una nueva instancia que garantice una participación real”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, reconoció la presentación, pero sostuvo que seguiría su curso administrativo y defendió la continuidad del proceso. Ese intercambio marcó el tono de arranque de una jornada desarrollada a lo largo de dos días.

Uno de los puntos más cuestionados fue la brecha entre la convocatoria y la participación efectiva. Más de 100.000 personas se inscribieron para exponer, pero solo 200 fueron habilitadas para hacerlo de manera presencial, en la primera de las dos jornadas previstas. A eso se sumó una modificación de último momento que generó malestar: el tiempo de exposición se redujo de cinco a cuatro minutos.

Las dificultades no tardaron en trasladarse a la sala donde se llevó a cabo la audiencia. Durante la primera hora, diputados del peronismo interrumpieron la audiencia al denunciar que había expositores acreditados que no podían ingresar al edificio. La situación derivó en discusiones y obligó a realizar gestiones para permitir el acceso de quienes estaban esperando, lo que evidenció problemas en la organización. De hecho, en la sala se veía un sinfín de sillas vacías.

Con el correr de las exposiciones se consolidó una tendencia clara. La gran mayoría de quienes tomaron la palabra rechazó la reforma, tanto por su contenido como por el modo en que se llevó adelante la audiencia. Participaron especialistas, referentes sociales, vecinos de distintas provincias y representantes de pueblos originarios, muchos de los cuales anticiparon que el tema podría derivar en presentaciones judiciales.

Entre las presencias destacadas estuvo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien advirtió que el agua “no es una mercancía; es un derecho que se le está quitando al pueblo”. También intervino Marta Maffei, autora de la ley sancionada en 2010. “El Senado votó un proyecto que deroga aspectos clave de la norma vigente y omite recaudos legales y constitucionales”, sostuvo. Además, cuestionó con dureza el proceso, al que consideró “de una profunda ilegitimidad”.

En la misma línea se expresó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien advirtió sobre las consecuencias de avanzar con la iniciativa. Señaló que el camino elegido podría abrir una etapa de conflictividad judicial y defendió la normativa vigente: “No necesita modificarse ni interpretarse; necesita ser cumplida”.

Las voces a favor fueron escasas y, en su mayoría, provinieron de San Juan. Funcionarios, empresarios y representantes vinculados a la actividad minera respaldaron los cambios bajo el argumento de que permitirían impulsar inversiones. Entre ellos se destacó el ministro de Producción provincial, Gustavo Fernández, cuya exposición generó reacciones encontradas y reflejó la polarización del debate.

El trasfondo es profundo. La ley vigente protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y prohíbe actividades como la minería en esas zonas. La reforma impulsada por el Gobierno busca modificar esos alcances, con el objetivo de dar mayor protagonismo a las provincias y facilitar el desarrollo de proyectos productivos.

La audiencia culminó ayer con el segundo encuentro -esta vez en formato virtual-, en el que participaron 180 expositores. Sin embargo, la primera jornada dejó una señal clara: una participación masiva pero fuertemente limitada, cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y un debate que podría escalar más allá del Congreso y trasladarse al terreno judicial.