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Los medios con compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justica publicamos sus notas. Los que quieren minimizar la historia ensayan sus variantes del hubo violencia de los dos lados. Y al día siguiente, el país sigue más o menos igual. La memoria, así entendida, es un ejercicio de conciencia que no modifica nada, casi un acto de caridad anual, si no se la pone en marcha y se la dota de un músculo transformador.

La pregunta que merece hacerse a cincuenta años no es solo qué recordamos ni cómo lo recordamos, sino para qué. Qué hace la memoria con el presente. Qué herramienta es, o puede ser, o debería ser. Si la respuesta es que la memoria sirve únicamente para honrar a los muertos, tarea necesaria pero insuficiente, entonces el 24 de marzo es un duelo anual que no transforma nada.

Termina siendo un paganismo político con reminiscencias religiosas, en la búsqueda de verdad, que en muchos casos le da un cierre necesario al ciclo de vida y muerte. Una tarea que, sin dudas, habrá que seguir haciendo, a pesar de los años.

La tierra no puede tragar por siempre, mientras la memoria esté activa.

Pero si la respuesta es que la memoria sirve para entender el presente y orientar el futuro, entonces la pregunta se vuelve política en el sentido más preciso del término.

Estas líneas eligen hacer eje en la segunda respuesta. Y lo hace en un momento en que elegir esa respuesta tiene un costo: en la Argentina de 2026, la memoria como herramienta política es atacada sistemáticamente desde el poder.

No de manera oblicua o vergonzante, como ocurrió en otros períodos, sino de frente, con nombre y apellido, con decretos y presupuestos y declaraciones públicas que cuestionan el número de los desaparecidos, relativizan la naturaleza del régimen y desfinancian los espacios de memoria. Recordar, hoy, es también resistir eso.

El peor contexto desde 1983

Para entender lo que significa el 50° aniversario del golpe, hay que entender el momento político en que ocurre. Argentina atraviesa desde fines de 2023 un experimento político sin antecedentes claros en su historia democrática: un gobierno que combina el desmantelamiento acelerado del Estado con una retórica de confrontación total, que trata a la política de derechos humanos como un negocio de los organismos, que cuestiona la cifra de los 30.000 desaparecidos como si el debate fuera aritmético y no político, y que encuentra en la reivindicación implícita o explícita de la dictadura un recurso de identidad y de provocación.

No es el primer gobierno que tensiona la política de memoria. Pero es el primero, desde 1983, que lo hace con esta intensidad y esta impunidad. El recorte del presupuesto de los espacios de memoria, la deslegitimación sistemática de los organismos de derechos humanos, la circulación de funcionarios que han relativizado o negado los crímenes del régimen: todo eso configura un clima en el que el 50° aniversario no es solo una efeméride histórica sino un campo de batalla político activo.

Los pibes que hoy marchan el 24 de marzo no lo hacen en el mismo país en que marcharon sus padres o sus abuelos. Marchan en un país donde la pregunta ¿hubo realmente 30.000? es formulada por funcionarios electos sin que eso tenga consecuencias electorales visibles.

Esta es la paradoja del presente: a cincuenta años del golpe, el consenso antidictatorial que pareció consolidarse durante cuatro décadas muestra sus fisuras. No porque la historia haya cambiado, los crímenes son los mismos, los archivos son los mismos, los testimonios son los mismos, sino porque las condiciones políticas que sostenían ese consenso se han debilitado.

La pregunta por la utilidad de la memoria adquiere entonces una urgencia que va más allá del debate historiográfico.

Qué hace la memoria con el presente a 50 años del Golpe

La memoria no es un almacén. Es un proceso activo, una selección permanente de lo que una sociedad decide retener, cómo lo interpreta y qué consecuencias extrae. Ninguna sociedad recuerda todo: recuerda lo que le permite constituirse, lo que le da sentido, lo que le señala peligros. Por eso la disputa por la memoria es siempre una disputa política: quien controla el relato del pasado tiene una ventaja enorme para controlar el relato del presente.

La dictadura argentina entendió esto con precisión. Por eso no solo mató: destruyó registros, quemó archivos, enterró cuerpos en tumbas clandestinas, robó identidades. La desaparición como método no fue solo una forma de matar sin dejar rastros legales: fue una forma de borrar la existencia misma de las víctimas, de convertir a personas en incógnitas.

El «no tiene entidad» de Videla era también una declaración epistemológica: si no hay cuerpo, no hay persona; si no hay persona, no hay crimen; si no hay crimen, no hay historia que contar.

La reconstrucción de esa historia, con nombres, con datos, con testimonios, con sentencias judiciales, fue el trabajo de cuatro décadas de organismos de derechos humanos, historiadores, periodistas, sobrevivientes y familiares. Ese trabajo produjo el Nunca Más, los Juicios a las Juntas, la recuperación de los nietos, los juicios de lesa humanidad que condenaron a cientos de represores.

Produjo también una pedagogía: generaciones de argentinos que aprendieron en la escuela que el golpe fue un crimen, que los desaparecidos existieron, que el Estado fue el perpetrador..

Lo que está en disputa hoy no es solo ese relato sino la legitimidad de construirlo. El ataque a los organismos de derechos humanos como industria del curro no es solo una descalificación de personas: es un intento de deslegitimar la producción misma de memoria. Si los que recuerdan son corruptos o militantes con agenda, entonces lo que recuerdan es sospechoso.

Es una operación retórica vieja, la descalificación del mensajero para invalidar el mensaje, pero que en el contexto argentino actual encuentra una audiencia que no tenía hace diez años.

Aquí es donde la memoria deja de ser un ejercicio cultural y se vuelve una herramienta política de primera importancia. Sostener el relato de lo que ocurrió entre 1976 y 1983, con rigor, con evidencia, con los nombres de los perpetradores y de las víctimas, es también sostener un piso mínimo de verdad compartida sin el cual la democracia funciona sobre arena.

Una sociedad que no puede acordar que el terrorismo de Estado fue un crimen es una sociedad que no puede construir las instituciones necesarias para que no se repita.

Lo que la dictadura destruyó y lo que dejó

Para proyectar el próximo medio siglo, hay que entender con precisión qué destruyó la dictadura. No solo las vidas, 30.000 desaparecidos, cientos de miles de exiliados, miles de presos políticos, sino las estructuras.

El movimiento sindical clasista fue decapitado: decenas de dirigentes como él fueron desaparecidos, las comisiones internas diezmadas, el sindicalismo combativo reemplazado por una burocracia dócil que en muchos casos colaboró con el régimen.

La universidad fue intervenida, vaciada, purgada. Inclusive una de ellas, la Universidad Nacional de Luján, fue clausurada y su reapertura se produjo ya entrada la democracia.

La industria nacional fue desmantelada por la apertura de importaciones y la bicicleta financiera de Martínez de Hoz. La deuda externa se multiplicó por cinco en siete años, y una parte sustancial de esa deuda, privada en su origen, fue estatizada antes de la transición democrática, atando al país a décadas de condicionamiento financiero.

Lo que la dictadura dejó, además de los muertos, fue una Argentina estructuralmente más débil, más desigual y más dependiente que la de 1976. Esa herencia no terminó con la democracia: se extendió, se profundizó en algunos momentos, se intentó revertir en otros.

El debate sobre el modelo económico argentino de las últimas décadas no puede entenderse sin ese punto de partida. La desindustrialización, la concentración del sistema financiero, el endeudamiento externo como mecanismo de disciplinamiento: todos esos procesos tienen una fecha de inicio clara.

Entender eso no es hacer historia económica por placer intelectual o revisionismo de mesas redondas. Es entender por qué Argentina llega al 50° aniversario del golpe con los índices de pobreza más altos de su historia reciente, con un ajuste que vuelve a castigar a los mismos sectores que la dictadura golpeó primero.

La memoria que solo recuerda los crímenes de sangre, los centros clandestinos, los vuelos de la muerte, las tumbas masivas, y olvida los crímenes económicos y estructurales es una memoria incompleta. Y una memoria incompleta es también una memoria más fácil de relativizar.

Los pibes en la calle

Hay algo que no estaba en los cálculos de ningún analista hace dos años: los jóvenes argentinos están en la calle. No todos, no de manera uniforme, no con una conducción política clara. Pero están. Los cortes de presupuesto universitario de 2024 movilizaron a cientos de miles en todo el país.

La marea verde del movimiento feminista dejó una marca generacional que no se borra con un cambio de gobierno. Las organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias muestran niveles de actividad que no se veían desde hace décadas.

Estos pibes no vivieron la dictadura. Tampoco vivieron el menemismo ni el 2001 como adultos. Muchos de ellos llegaron a la política en los años del posteriores al estallido de 2001, o directamente durante la pandemia.

Su relación con la memoria del 76 es distinta a la de las generaciones anteriores: no es autobiográfica ni familiar en primera persona, sino aprendida, construida, mediada por la escuela y los organismos y la cultura. Eso no la hace menos real ni menos política. Pero sí significa que la transmisión importa: que el Nunca Más no se hereda automáticamente sino que se enseña, se discute, se sostiene activamente.

Que esos jóvenes estén en la calle en el peor contexto político desde 1983 es una señal que merece ser leída con cuidado. No como garantía de nada, las generaciones jóvenes también fueron parte del electorado que votó al actual gobierno, sino como indicación de que la disputa por el sentido de la historia argentina está abierta, que no está resuelta ni en un sentido ni en el otro, y que lo que ocurra en los próximos años importa de una manera que va más allá de los ciclos electorales habituales.

2076: la utopía como programa

El centenario del golpe caerá el 24 de marzo de 2076. Los pibes que hoy tienen veinte años tendrán setenta. Los que tienen diez tendrán sesenta. Algunos de los que hoy marchan estarán para contarlo; otros no. Lo que hagan en las próximas décadas determinará qué país recibirán los que en 2076 tengan veinte años.

Plantear el centenario como horizonte no es un ejercicio literario. Es una forma de preguntarse qué se necesita construir y en cuánto tiempo. La generación del 76, la que fue diezmada por la dictadura, tenía un proyecto: un país más justo, más soberano, más igualitario. Lo pagó con una violencia que no merecía y que no justificó. Pero el proyecto existía.

La pregunta que el 50° aniversario obliga a hacerse es si las generaciones actuales tienen un proyecto equivalente, o si la política se ha reducido a la gestión de la emergencia.

Un país justo, libre y soberano para el centenario del golpe no es una consigna: es un programa que requiere concreción. Justicia implica reducción estructural de la desigualdad, acceso universal a la educación y la salud, trabajo digno, redistribución de la riqueza.

Libertad implica instituciones democráticas robustas, prensa independiente, organizaciones sociales autónomas, un poder judicial que no sea correa de transmisión del poder político. Soberanía implica capacidad de decisión sobre los recursos naturales, sobre la política económica, sobre la deuda externa, sobre el modelo de desarrollo.

Ninguna de esas metas se alcanza en un ciclo electoral. Todas requieren décadas de acumulación política, institucional y cultural. Y todas necesitan que la memoria del 76 esté disponible como herramienta de análisis: para entender qué se destruyó, por qué, a favor de quién, y qué condiciones permitieron que ocurriera.

Sin ese análisis, cada crisis argentina tiende a ser leída como si fuera la primera, como si no hubiera antecedentes, como si las estructuras que producen la desigualdad y la dependencia fueran fenómenos naturales y no resultados de decisiones políticas con nombre y apellido.

La memoria que transforma

¿Para qué sirve recordar? Sirve para no repetir, se dice siempre. Pero esa formulación es demasiado pasiva. El olvido no produce automáticamente la repetición, así como la memoria no garantiza automáticamente la transformación. Entre el recuerdo y la acción hay un trabajo político que no puede saltarse.

La memoria sirve para nombrar a los responsables: no solo a los que apretaron el gatillo sino a los que financiaron el golpe, a los que cedieron el papel de diario, a los que prestaron los camiones, a los que firmaron las listas, a los que miraron para otro lado. La memoria sirve para entender que el terrorismo de Estado no fue una aberración de locos o de brutos, sino un proyecto político con apoyo civil, con lógica económica, con complicidades internacionales.

Esa comprensión es la que permite identificar las condiciones que lo hicieron posible y trabajar para que no se reproduzcan.

La memoria sirve también para recuperar lo que se destruyó: no solo las vidas sino las ideas, los proyectos, las formas de organización.

El sindicalismo clasista que la dictadura decapitó tenía una concepción de la democracia en el lugar de trabajo que todavía puede ser fuente de inspiración.

Los movimientos de derechos humanos que surgieron de la represión construyeron formas de organización horizontal y persistente que siguen siendo modelos.

Las redes de solidaridad del exilio produjeron cultura, periodismo y pensamiento político que enriquecieron al país cuando sus protagonistas volvieron.

Y la memoria sirve, finalmente, para conectar generaciones. Los pibes que hoy marchan y los sobrevivientes que aún pueden testimoniar son los dos extremos de una cadena que no debe cortarse. Cuando se corte, cuando el último testigo directo muera, la responsabilidad de sostener la memoria pasará completamente a quienes la aprendieron de otros.

Ese momento se acerca. La pregunta es si la transmisión habrá sido suficientemente profunda como para sostenerse sin los testigos.

Lo que está en juego

El 24 de marzo de 2026 no es una fecha cualquiera. Es el momento en que una generación que no vivió la dictadura toma la responsabilidad de sostener su memoria en las peores condiciones políticas desde la transición democrática.

Es el momento en que la distancia histórica podría volverse coartada, ya pasó tanto tiempo, ¿para qué seguir?, o herramienta analítica: ahora que podemos ver el arco completo de medio siglo, ¿qué entendemos que antes no entendíamos?

Lo que está en juego no es el pasado. El pasado no cambia. Lo que está en juego es el uso que una sociedad hace de su pasado para constituirse en el presente y proyectarse hacia el futuro.

Una Argentina que en 2026 decide que el debate sobre los 30.000 es legítimo, que los derechos humanos son “un curro” como dijo Mauricio Macri, que la dictadura tuvo aspectos rescatables: esa Argentina estará mucho peor equipada para enfrentar sus próximas décadas que una Argentina que mantiene con claridad el relato de lo que ocurrió y las consecuencias que tuvo.

Los pibes que hoy están en la calle merecen un país que en 2076 pueda celebrar el centenario del Golpe como una fecha superada: no olvidada, sino procesada, juzgada, comprendida y utilizada como punto de partida para construir lo que aquella generación quiso y no pudo.

Ese es el único homenaje digno a los 30.000: no el ritual anual de la tristeza, sino el proyecto colectivo de la transformación.

La memoria no sirve para vivir en el pasado. Sirve para no quedar atrapados en él. Sirve para entender que lo que ocurrió en 1976 no fue inevitable, que las condiciones que lo hicieron posible pueden identificarse y combatirse, y que la Argentina justa, libre y soberana que no pudo nacer entonces todavía puede nacer.

Eso, y no la nostalgia, es lo que justifica recordar a cincuenta años del golpe. Eso, y no el duelo, es lo que convierte la memoria en resistencia y la resistencia en proyecto.