MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2026
El endeudamiento respaldaría el programa de ceses laborales entre empleados públicos, anunciado bajo el eufemismo de «retiros voluntarios», que el Gabinete de Milei impulsó mediante el Decreto 1023/2026, el cual ha generado un profundo rechazo gremial e institucional en todo el sector público. De acuerdo con denuncias en medios argentinos, los empleos que queden vacíos se retirarán del mercado laboral.
El dirigente sindical Rodolfo Aguiar y otros líderes de ATE calificaron la maniobra económica como «una violación directa a las normativas presupuestarias vigentes». Argumentaron que »la legislación argentina prohíbe taxativamente la toma de endeudamiento externo en moneda extranjera para solventar gastos corrientes del Estado». Además, cuestionaron «la falta de debate parlamentario previo en el Congreso para autorizar la operación financiera internacional».
De acuerdo con el Gobierno, este programa comprende a más de 20.000 trabajadores en condiciones de adherir al cese anticipado dentro del Estado argentino. ATE, por su parte, señaló que el universo alcanzado por la medida comprende a 21.187 empleados.
Como respuesta al decreto gubernamental, el sindicato convocó a una movilización masiva hacia la residencia presidencial de Olivos, este miércoles, a partir de las 17H00 hora local. La protesta unificará reclamos por la pérdida salarial acumulada, los despidos masivos y el vaciamiento institucional. Los dirigentes confirmaron que mantendrán el plan de lucha hasta frenar la aplicación de las cesantías.
Voceros del Gobierno defendieron «la instrumentación de las medidas» bajo el argumento de «sanear las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal heredado». Desde el Ministerio de Economía alegaron que «la reestructuración de la planta transitoria y permanente resulta indispensable para sostener el equilibrio presupuestario alcanzado durante el ejercicio fiscal en curso».
En paralelo, las cámaras empresariales y sectores afines al presidente Milei respaldaron el achicamiento del Estado, y señalaron que «la superpoblación de agentes públicos constituye un lastre insostenible para el erario nacional».
Los operadores económicos privados, que se han enriquecido con las políticas neoliberales de Milei, enfatizaron que «el fondeo multilateral cumple con los estándares técnicos exigidos por los organismos internacionales de crédito para garantizar la transparencia en los procesos de desvinculación voluntaria». Con este escenario de posiciones irreconciliables, el conflicto escaló a niveles de máxima tensión política en la víspera de la movilización sindical convocada hacia la residencia presidencial.
