El presidente Javier Milei facultó al Ministerio de Economía a aumentar o disminuir hasta en un 50% el recargo destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales, mediante el Decreto 266/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
De esta manera, a partir de ahora, la cartera económica tendrá la potestad directa de modificar el nivel del recargo que pagan todos los usuarios de gas del país para financiar los subsidios residenciales.
La normativa afecta al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (creado por la Ley 25.565), el cual se nutre actualmente de un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Hasta la publicación de este decreto, la facultad de aumentar o disminuir este recargo en hasta un 50% residía formalmente en el Presidente de la Nación. Con el nuevo esquema, el Ministerio de Economía podrá decidir de forma autónoma si el recargo sube o baja, dependiendo de las necesidades de financiamiento del sistema y las metas fiscales.
El recargo se aplica a la totalidad de los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes en todo el territorio nacional, sin importar el uso final. El mismo se calcula sobre cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías. Si Economía decidiera aplicar el aumento máximo permitido del 50%, el recargo sobre el precio del gas en boca de pozo podría escalar del 7,5% al 11,25%.
El régimen de subsidios financiado por este fondo tiene vigencia garantizada por ley hasta el 31 de diciembre de 2031. Los fondos seguirán siendo declarados e ingresados a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El Fondo Fiduciario sostiene las tarifas diferenciales en diversas regiones del país. Su uso principal es financiar el régimen de Zona Fría, que establece descuentos en las facturas de gas para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y las zonas incorporadas por la ampliación de la Ley 27.637.__IP__
Al argumentar la medida, el Ejecutivo sostuvo que la misma es necesaria “por razones operativas, y para una mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas”, remarcando que “resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno”.
