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Cómo mencionó este diario en un artículo publicado este 14 de abril para Javier Milei la ley no es obligatoria sino opcional. Su categoría de outsider, ese término que denomina al que viene de los llamados antisistema y que rechazan en mayor o menor medida las instituciones de la democracia representativa y que parece haberle dado la facultad de desentenderse de lo que vota el Congreso u ordena la Justicia, hace que primero no cumpla y hoy argumente desde la administración nacional, la no aplicación de la normativa, ratificada dos veces por el Congreso, a pesar del veto presidencial, bajo el argumento que ello  implicaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado” al ordenar gastos sin financiamiento específico, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las funciones estatales.

Vale señalar que, si bien la norma fue ratificada dos veces en el Congreso, tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto presidencial, el Gobierno continúa sosteniendo que “el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”.

“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron”, se excusaron desde Casa Rosada.

De todas maneras, agotada la última instancia judicial, desde los pasillos de Balcarce 50 saben que es muy probable que la Corte Suprema buscará impedir tratar el tema por ser una medida cautelar y no un asunto de fondo, el Ejecutivo nacional se prepara para transferir los $2,5 billones que le corresponden a las universidades por ley.

“La Corte Suprema te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan“, advirtió otro armador de La Libertad Avanza.

Cabe destacar que, el Recurso Extraordinario Federal (REF), que utilizo el oficialismo en las últimas horas, es una herramienta procesal excepcional que permite a la Corte Suprema de Justicia revisar sentencias definitivas de tribunales inferiores cuando se cuestiona la interpretación de la Constitución Nacional, tratados internacionales o leyes federales.

Es muy claro que no interesa la educación. Hay una característica notoriamente marcada en el gobierno nacional: su vacío discursivo con respecto a lo que pretende del sistema universitario. Hasta ahora, solamente ha reducido la discusión a un plano presupuestario pero, además, ha cargado de disvalor a todo lo que está relacionado con las universidades públicas. De los datos se desprende que pretende desfinanciarlas a corto y largo plazo -y lo está haciendo- pero ninguno de sus funcionarios, ha expresado cuál es el modelo de educación superior del presidente Milei.