“La presencia natural de arsénico en determinadas fuentes de agua es una problemática conocida y extendida, pero ello no puede traducirse en la ausencia de controles ni en la falta de información para las comunidades potencialmente expuestas. El acceso a agua segura requiere monitoreos sistemáticos, información pública y medidas concretas cuando los análisis detectan concentraciones que pueden representar un riesgo”, señalaron desde la institución.
La iniciativa del Consejo Profesional que conduce Carlos Colángelo tomó como referencia el Mapa de Arsénico del ITBA, que reúne resultados de muestras analizadas en diferentes puntos del país. En las notas remitidas, la entidad pidió precisiones sobre la frecuencia y el alcance de los monitoreos, los resultados de los análisis más recientes y la ubicación de las fuentes con valores elevados.
El Consejo que nuclea a los profesionales de la química requirió detalles acerca de las medidas preventivas, correctivas o de tratamiento que se hayan adoptado o estén previstas, además de consultas sobre la existencia de programas específicos de vigilancia y seguimiento, así como sobre las recomendaciones que las autoridades hayan comunicado a la población.
En rigor, la preocupación del Consejo se relaciona con los datos incluidos en la actualización de 2025 del mapa del ITBA, entre en el que se precisa que 9 de Julio, Guaminí, San Vicente, Monte, Partido de la Costa, Mercedes, y Chivilcoy, son municipios con altos niveles de arsénicos. En tanto que, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las concentraciones elevadas estarían en
Desde la institución que nuclea a los químicos bonaerenses precisaron que según la información difundida los resultados corresponden a puntos o muestras específicas, por lo que aclararon que no es posible afirmar que las mismas concentraciones estén presentes en todo el territorio de cada municipio ni en la totalidad de sus redes de abastecimiento.
En esta línea, la entidad que dirige Colángelo recordó que en Bragado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una sentencia que obliga a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a ejecutar las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del servicio.
“El antecedente de Bragado demuestra que la calidad del agua destinada al consumo humano no constituye solamente una cuestión ambiental o sanitaria, sino también una obligación concreta de los responsables del servicio y de las autoridades públicas”, expresaron.
En ese marco, la entidad consideró necesario que la situación se aborde de manera coordinada entre los municipios, los organismos provinciales, las empresas prestadoras de agua, las instituciones científicas y los profesionales especializados.
