MIERCOLES 07 DE OCTUBRE DE 2026
En esa línea, consideró que “se están perdiendo una oportunidad de escuchar a los actores del territorio, quienes representan el verdadero y genuino federalismo”, y apuntó: “Probablemente no los quieren mirar porque apoyan y aprueban la Ley de Extranjerización no sientan que somos exceso para sus intenciones de desarrollar un país que no nos incluye”.
Al pedir la palabra, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, denunció que “las autoridades de las áreas parlamentarias están teniendo un criterio muy estricto para poder emitir un dictamen cuando se consigue el quórum en el transcurso de la reunión”, y aclaró: “Este criterio lo vamos a aplicar siempre”, y justificó: “No es justo que cuando tenemos que proteger a los pequeños productores algunos se pongan en leguleyo, pero cuando tienen que entregar las tierras a manos extranjeras no dicen nada y permiten cualquier cosa”.
Martínez acusó al oficialismo de hacer “aprietes, verticalizaciones de áreas que impide que la Cámara funcione”, y les avisó que “nadie es oposición y oficialismo de por vida, utilizar estas herramientas para impedir que una comisión avance es horrible, se les vuelve en contra. Están haciendo seguidismo de la estrategia parlamentaria del oficialismo”.
En referencia a dicha temática, algunos miembros de la organización del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Pesca Arsenal, leyeron un documento en el que expresaron que “la defensa de la tierra, los territorios, la agricultura familiar campesina e indígena y de las economías regionales es urgente”. Así, manifestaron su profunda preocupación y rechazo frente a las políticas que afecta “gravemente el acceso, la permanencia y la defensa de la tierra, el territorio, el agua y los medios de vida de las comunidades indígenas, criollas, pescadoras y de la economía familiar”.
“Nos encontramos ante una situación grave. Mientras se discuten modificaciones legislativas sobre propiedad, desalojos, tierras rurales y expropiaciones, en distintos puntos del país ya hay comunidades que enfrentan conflictos, amenazas. Entendemos que no se puede legislar sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales desconociendo la realidad de quienes producen, trabajan, habitan y cuidan dichos territorios. Es por ello, que exigimos la derogación del decreto 70/23 de manera urgente”, resalta el texto.
Así, señalaron que no se trata solo de una discusión sobre propiedad, sino sobre el territorio y advirtieron que el problema no está cerrado porque “la posibilidad de volver a discutir modificaciones a la legislación de tierras rurales continúa siendo una amenaza sobre la soberanía territorial argentina”, y remarcaron que las tierras “no pueden convertirse en mercancía para la concentración económica”.
“No a la extranjerización, no a la concentración de la tierra”, reclamaron. Además, consideración que los desalojos exprés “son una amenaza directa a las comunidades”, y alertaron que “pueden producir consecuencias irreparables porque un territorio indígena no puede ser tratada como un territorio común”. En esa línea, rechazaron el concepto de inviolabilidad de la propiedad privada, reclamaron por al Río Paraná que “no puede ser considerado solamente como una vía para sacar producción a los puertos”.
Por último, le exigieron al Congreso de la Nación que ninguna forma que afecte tierras rurales, propiedad, territorios, desalojos, expropiación, agua, pesca o recursos nacionales sean aprobadas sin la participación de quienes habitan, trabajan esos territorios.
El subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Amarilla, expresó que “la situación de la agricultura familiar en la provincia de Buenos Aires es sumamente preocupante”.
“Nuestro diagnóstico es que ante una política económica del Gobierno nacional donde, claramente, suma despidos, pero también suma baja de salarios y de jubilaciones; eso, lo que produce, es la baja de la capacidad del poder adquisitivo de los salarios y eso repercute en la demanda de alimentos”, remarcó el funcionario y denunció que desde la secretaría de agricultura “no hay políticas para el sector y baja el financiamiento”.
José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina e Indígena (ACINA), manifestó que “venimos a la casa de las leyes a pensar juntos una ley de emergencia de la agricultura familiar, campesina e indígena, para tener un respiro y posibilidades. La producción está en peligro”.
“Tenemos un gasoil caro, un territorio en amenaza por la extranjerización, por la decisión de la Corte, por la venta de los DNI por 350 mil dólares. Todo eso nos aprieta y apura, pero nosotros vamos hasta lo último a hacer agricultura familiar”, expresó.
En la misma línea, Fernando Federico Castro, de Federación Rural, afirmó que “hoy la producción no se vende porque no hay quien tenga para comprarla, el consumo está deprimido”.
Jorge Ñancucheo, de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA), sostuvo que “estamos de pie para seguir acompañando el proceso de una verdadera federalización democrática para los pueblos campesinos”.
También, hicieron uso de la palabra Carlos Cremona, de las Ligas Agrarias; María Rosa Gutiérrez, MNCI - CLOC Vía Campesina; Ángel Lazo, de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF); Marina Molina, de la delegación de Córdoba; Antonio Morínigo, de la Asociación de los Pueblos Originarios de Misiones; Myriam Bruno, del Frente Agrario Octubre; Claudio Cardozo, de La Dignidad Rural; Ariel Navanquiri, de la delegación de Santa Fe; Delfina Notagay, de la Comunidad Qom; Roberto Ñancucheo, de ETNOPO; Jesús Pérez, de Pesca Artesanal; y José Sajama, de la delegación de Jujuy.
Además, Sandra Silva, de Mujeres Originarías en Lucha por el Territorio (MOELT); Antonia Villagra, del Frente Agrario Evita; Nelson Yapura, de la Asociación Civil de Pescadores Alto Verde; Mirta Kuruwinka, de la delegación de Chubut; Eduardo Saso, de Trabajadores Rurales de San Juan; Roxana Brisueña, de la Federación Nacional Campesina; José Encima, de Agricultores del Chaco; Isabel Palomo, del Frente Agrario Tierra Mía; y Juan Carlos García, representante isleño.
