A partir de ahora, cualquier aumento dispuesto por una provincia o municipio ya no impactará en el aporte nacional, que quedará congelado sobre aquel parámetro de junio. En la práctica, si un distrito sube el boleto, la porción que paga el Estado nacional no crecerá, por lo que la diferencia recaerá directamente sobre los pasajeros o sobre las arcas locales.
Actualmente, los beneficiarios de la tarifa social abonan el 55 por ciento del boleto, mientras que el 45 restante lo financia el gobierno central. Sin embargo, ese equilibrio se irá rompiendo a medida que pasen los meses y los cuadros tarifarios se actualicen por encima del valor congelado, reduciendo progresivamente la incidencia del subsidio nacional.
La Secretaría de Transporte justificó la modificación argumentando que las actualizaciones tarifarias responden a decisiones provinciales y municipales, lo que generaba «una dinámica heterogénea» que repercutía de manera automática e imprevisible sobre el presupuesto nacional, y que ahora, con el nuevo esquema, desliga los aumentos locales de la partida nacional.
Menor protección estatal
No obstante, la contracara es que los titulares del beneficio —jubilados, pensionados, personal doméstico, veteranos de Malvinas y tenedores de la Asignación Universal por Hijo, entre otros— verán reducida la protección estatal ante nuevas subas, a menos que cada provincia o municipio decida compensar con fondos propios la diferencia.
En el AMBA
Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Secretaría de Transporte ya mantuvo reuniones con empresarios del sector para analizar la deuda acumulada en subsidios, en un escenario que anticipa nuevas tensiones financieras entre los distintos niveles del Estado.
