La advertencia se dio luego de una fallida audiencia virtual entre representantes sindicales y empresarios, convocada por el Ministerio de Capital Humano, para discutir la recomposición salarial de los choferes.
Durante la reunión, los empresarios plantearon que su capacidad para ofrecer una recomposición salarial está condicionada por la estructura de costos y subsidios establecida por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
Desde el sector patronal argumentaron que una actualización del 1,2% representa el límite de sus posibilidades financieras, en un contexto marcado por el incremento de los costos operativos y el desfasaje entre los ingresos y los gastos de las compañías.
En ese sentido, desde las cámaras de transporte sostuvieron que asumir compromisos salariales superiores podría comprometer la sustentabilidad de las empresas de transporte.
La propuesta fue rechazada de cuajo por la conducción de la UTA que cuestionó los límites impuestos a la negociación y consideró que los ofrecimientos empresariales se encuentran por debajo de la inflación acumulada y proyectada.
“Esto no es una paritaria, es una imposición, ‘o lo tomás o lo dejás’, de esta manera no es una negociación”, manifestaron desde el sindicato de choferes que comanda Roberto Fernández.
El gremio reclamó la intervención directa del Gobierno nacional para garantizar una negociación en condiciones equitativas y evitar que los salarios queden sujetos exclusivamente a las posibilidades económicas que plantean las patronales. Además, advirtió que la pauta propuesta no alcanza para garantizar ingresos dignos a los trabajadores del transporte.
“Nosotros queremos trabajar, pero no debajo de la línea de pobreza”, expresaron los representantes sindicales durante la audiencia, al tiempo que señalaron que los choferes no deberían verse obligados a extender sus jornadas laborales ni a buscar empleos secundarios para sostener a sus familias.
Sobre el cierre del encuentro, la UTA lanzó su advertencia más contundente: “En el estado actual de situación, si no se respetan las leyes, no podemos garantizar la paz social”. Si bien el gremio todavía no confirmó una medida de fuerza, la posibilidad de un paro total de colectivos quedó sobre la mesa y mantiene en alerta a los usuarios del AMBA.
