MARTES 03 DE MARZO DE 2026
Tras el regreso al país del gendarme Nahuel Gallo, el foco político se trasladó a otro frente: el rol que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las negociaciones realizadas en Venezuela. En la Casa Rosada analizan la posibilidad de avanzar judicialmente contra la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia, al considerar que pudo haberse arrogado funciones propias del Estado.
uentes oficiales indicaron que el Ejecutivo estudia si corresponde impulsar una denuncia bajo figuras como "traición a la patria", "sedición" o incluso "espionaje ilegal", en relación con los contactos mantenidos con autoridades del país caribeño.
El regreso de Gallo se concretó en un vuelo privado gestionado por la AFA en conjunto con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). La aeronave partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, realizó una escala técnica en Guayaquil y finalmente arribó a Ezeiza.
Desde el Gobierno señalaron que no tenían información detallada sobre la hoja de ruta de la negociación impulsada por la AFA y que se enteraron de la participación de la entidad en las gestiones una vez que el operativo estaba en marcha.
"Sabíamos que estaban allá y que estaban interfiriendo en las negociaciones", afirmaron fuentes oficiales, que cuestionaron que una organización no gubernamental intervenga en tratativas internacionales en un país al que califican como una dictadura.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la administración nacional trabajó "todos los días y en todos los frentes" para lograr la liberación del gendarme, aunque remarcó que durante la gestión de Nicolás Maduro no existía voluntad de entrega.
En ese contexto, el Ejecutivo quiere que la AFA explique en detalle qué tipo de contactos mantuvo con autoridades venezolanas y bajo qué marco institucional se desarrollaron esas conversaciones.
Cerca del Presidente advierten que el punto en discusión no es el resultado -la llegada del gendarme al país- sino la legitimidad del procedimiento y el alcance de las facultades de una entidad deportiva en un escenario de política exterior.
El eventual avance judicial contra la AFA abriría un conflicto institucional de alto voltaje, dado el peso político y simbólico que tiene el fútbol en la Argentina. Además, se sumaría a otras tensiones previas entre el Gobierno y la conducción de la entidad madre del fútbol argentino.
Mientras se analizan los pasos a seguir, el Ejecutivo busca determinar con precisión quiénes participaron de las gestiones, qué compromisos se habrían asumido y si existió algún tipo de acuerdo paralelo con autoridades venezolanas.
La definición sobre una eventual denuncia quedará en manos de los equipos jurídicos del Gobierno, que evalúan la viabilidad de encuadrar los hechos dentro de figuras penales vinculadas a la seguridad nacional y la política exterior, en un caso que ya trascendió lo diplomático para instalarse de lleno en el terreno político interno.
