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“El uso problemático de tecnologías digitales y las conductas compulsivas asociadas a los juegos de azar […] constituyen fenómenos complejos y multidimensionales”, señala el texto oficial.

El diagnóstico se apoya en datos recientes: según el Observatorio Argentino de Drogas (Sedronar), más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios participó en apuestas con dinero en el último año, con mayor incidencia en modalidades online.

Frente a ese escenario, el proyecto define como objetivos centrales erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, prohibir el acceso de menores y consolidar la prevención del juego patológico como política de salud pública en todo el territorio nacional.

La iniciativa también incorpora un enfoque amplio del problema al remarcar que los consumos problemáticos “no se limitan únicamente a supuestos clínicos extremos”, sino que incluyen conductas de riesgo con consecuencias económicas, sociales y familiares.

Uno de los ejes más relevantes es el endurecimiento del régimen penal. Se prevé que quienes exploten apuestas sin autorización puedan recibir penas de tres a seis años de prisión, mientras que quienes faciliten estas operatorias —a través de servicios financieros, tecnológicos o publicitarios— enfrentarán sanciones de dos a cuatro años.

En materia de publicidad, el proyecto establece una prohibición total para la promoción de plataformas ilegales en cualquier formato, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y vía pública. Además, responsabiliza a agencias, productoras, influencers y medios que participen en su difusión.

Para las plataformas autorizadas, en tanto, se fijan límites estrictos: las campañas no podrán estar dirigidas a menores ni vincular el juego con éxito social o soluciones económicas, ni asociarlo al consumo de alcohol o tabaco.

El texto también asigna responsabilidades a distintos organismos del Estado. El Enacom deberá bloquear contenidos y publicidad de sitios ilegales, mientras que el Banco Central tendrá a su cargo impedir operaciones financieras vinculadas a estas plataformas y, especialmente, transferencias desde cuentas de menores.

A su vez, se establece que las entidades financieras y los proveedores de pago no podrán operar con plataformas que no cuenten con mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios.

La Comisión Nacional de Valores y los proveedores de activos virtuales también quedarán alcanzados por restricciones similares, con la obligación de monitorear y prevenir transacciones ligadas a operadores ilegales.

Otro punto clave es la habilitación de medidas rápidas para la baja o bloqueo de dominios de juego no autorizados, a cargo de NIC Argentina, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales.

En paralelo, el proyecto refuerza el rol de Sedronar y el Ministerio de Salud en la prevención y tratamiento de la ludopatía. Se prevén campañas de concientización, programas educativos, capacitación de agentes públicos y producción sistemática de información epidemiológica.

“El proyecto […] procura consolidar un enfoque integral que combine la prevención, la educación, la concientización, asistencia y cooperación institucional”, sostiene el mensaje, al subrayar la necesidad de una respuesta coordinada entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el texto respeta el esquema federal vigente: reconoce que la regulación del juego corresponde a las provincias, pero promueve mecanismos de articulación para enfrentar el crecimiento de las plataformas digitales ilegales, cuya operatoria trasciende fronteras jurisdiccionales.

Con este envío al Senado, el Gobierno abre un nuevo frente en la agenda legislativa, en un tema que comenzó a escalar en preocupación pública por su impacto en los jóvenes y la expansión de las apuestas online en los últimos años.