Silvia González, presidenta de la fundación, sostuvo que los operativos de fiscalización diurnos implementados en etapas anteriores lograron mantener largos períodos sin decesos, retirar de circulación a cientos de conductores inhabilitados y detectar numerosos casos de alcoholemia positiva e infracciones graves por sobrepasos indebidos. Sin embargo, remarcó que esa presencia se ha diluido y reclamó su restablecimiento inmediato y permanente.
Actualmente en Buenos Aires en busca de una reunión con las autoridades nacionales, González también señaló el preocupante estado de la calzada, agravado por la interrupción de los trabajos que se ejecutaban en el tramo cercano a Suipacha y el despido de personal.
A eso se suma la desregulación que permite la circulación de camiones durante fines de semana y feriados, la falta de balanzas tras el desmantelamiento de controles del INTI —lo que facilita el tránsito con sobrepeso hacia Vaca Muerta— y la inminente incorporación de bitrenes hacia fines de agosto y septiembre, lo que acelerará aún más el deterioro de la ruta.
La dirigente también reclamó avances en el Congreso para endurecer las penas del Código Penal contra conductores alcoholizados o imprudentes y cuestionó el uso de los recursos del Fondo Nacional de Vialidad provenientes del impuesto a los combustibles, que —sostuvo— deberían destinarse prioritariamente a la reparación y mejora de la infraestructura vial del país.
