LUNES 16 DE MARZO DE 2026
Creado en el marco de la Ley de Bases, el RIGI ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por hasta 30 años para proyectos con inversiones superiores a los USD 200 millones. El esquema apunta principalmente a sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura e industria pesada, con un fuerte sesgo exportador. A través del Decreto 105/2026, el Poder Ejecutivo extendió su vigencia hasta julio de 2027, habilitando un mayor plazo para la presentación y evaluación de iniciativas.
Hasta el momento, el régimen cuenta con 12 proyectos aprobados, concentrados principalmente en los sectores energético y minero, que representan más del 96% de las inversiones proyectadas. Las iniciativas abarcan desde energías renovables hasta infraestructura petrolera y gasífera, además de proyectos de litio, cobre, oro y plata, junto con inversiones industriales y logísticas.
Entre los proyectos energéticos se destaca el Oleoducto Vaca Muerta Sur, impulsado por un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell. Con una inversión estimada en USD 3.000 millones, el proyecto busca ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde la formación Vaca Muerta hacia la costa atlántica en Río Negro, con el objetivo de facilitar las exportaciones de crudo.
En la misma línea de infraestructura energética se encuentra el proyecto de licuefacción de gas natural (GNL) que impulsan Golar LNG, Pan American Energy e YPF, entre otros socios. La iniciativa prevé la instalación de buques de licuefacción frente a la costa de Río Negro para transformar gas natural en gas natural licuado y exportarlo a mercados internacionales, un paso clave para convertir el potencial gasífero argentino en exportaciones a gran escala.
En el campo de las energías renovables, el RIGI también incluye el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz en Mendoza, y el parque eólico industrial de Olavarría, impulsado por PCR junto a ArcelorMittal Acindar, destinado a abastecer de energía renovable a la industria siderúrgica.
La minería constituye otro de los pilares del Régimen. Entre los proyectos aprobados figuran iniciativas vinculadas a la explotación de litio en el norte del país, como Hombre Muerto Oeste, operado por Galán Lithium en Catamarca, y la ampliación del proyecto Rincón, desarrollado por Rio Tinto en Salta. Ambos emprendimientos apuntan a producir litio para baterías, en un contexto de creciente demanda global vinculada a la transición energética.
También se incluyen grandes proyectos metalíferos como Los Azules, un emprendimiento de cobre en San Juan impulsado por McEwen Mining, así como las iniciativas auríferas Gualcamayo y la ampliación de Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, además del proyecto Diablillos, enfocado en la producción de oro y plata en el límite entre Salta y Catamarca.
El listado se completa con proyectos industriales y logísticos, como la planta siderúrgica de Sidersa en Campana, orientada a la producción de acero, y la terminal multipropósito de Timbúes, en Santa Fe, destinada a fortalecer la infraestructura portuaria vinculada al comercio exterior.
A pesar del volumen de inversiones anunciadas, la mayor parte de estas iniciativas se encuentra todavía en etapas iniciales de desarrollo -ingeniería, permisos, financiamiento o inicio de obras—, por lo que su impacto concreto en términos de producción, empleo y exportaciones aún deberá evaluarse en los próximos años.
Además de los aprobados, el RIGI mantiene un conjunto relevante de proyectos en evaluación, que podría ampliar de manera significativa el volumen total de inversiones si obtienen luz verde. Entre ellos predominan desarrollos de litio en el norte del país, grandes proyectos mineros de cobre y obras vinculadas a infraestructura energética.
La extensión del RIGI y la ampliación del listado de proyectos aprobados consolidan al Régimen como uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno. Al mismo tiempo, el esquema plantea desafíos en términos de seguimiento, control y evaluación de resultados.
El principal interrogante no gira ya en torno al volumen de anuncios, sino a la capacidad de transformar compromisos de inversión en obras ejecutadas, producción efectiva y generación de divisas. En ese proceso, también aparece la expectativa de que estos desarrollos impulsen el crecimiento de proveedores locales, evitando una dependencia excesiva de insumos importados y generando encadenamientos productivos en distintas regiones del país.
Con plazos largos y resultados aún por verse, el RIGI entra en una fase donde la atención comienza a desplazarse desde los anuncios hacia la ejecución concreta y el impacto real sobre la economía argentina.
