La funcionaria está imputada por 'atentado contra el orden público, en concurso ideal con amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas'.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones de San Martín Néstor Barral y Alberto Lugones señalaron que 'no se advierte' cuáles serían 'aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas en caso de que la causante recupere su libertad ambulatoria'.

También destacaron que no hay riesgo de fuga y la acusada colaboró al aportar información como sus claves de celular.