Desde el oficialismo explicaron que la Procuración “actuó de manera excepcional” en esa causa y que meterse en procesos penales no es su especialidad técnica. Además, remarcaron que quien tiene que llevar adelante las causas penales es el Ministerio Público Fiscal, y que su tarea debe estar libre de presiones o interferencias del Poder Ejecutivo.

El decreto aclara algo clave: el Estado no renuncia a reclamar daños y perjuicios, ya que la vía civil sigue abierta y podrá avanzar por los carriles legales correspondientes. Pero, en los hechos, la decisión alivia claramente la situación judicial de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, dos figuras centrales en las negociaciones y decisiones vinculadas a la deuda con el FMI en 2018.

La medida de Milei llegó después de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 resolviera archivar la causa, el pasado 2 de febrero. La jueza a cargo entendió que los hechos denunciados no constituían delitos, sino simples diferencias políticas sobre decisiones de política económica.

Vale recordar que en marzo de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Procuración del Tesoro había impulsado una denuncia contra la conducción política y económica de Cambiemos, y se presentó como querellante por supuestos delitos como violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos y defraudación contra la administración pública, todo en relación con la deuda tomada con el FMI.

En ese momento, los abogados del Estado también señalaron que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había detectado que una parte importante de los dólares enviados por el FMI entre junio y agosto de 2018 se usaron para vender divisas en el mercado, algo que —según ese informe— violaba los compromisos asumidos con el organismo internacional sobre el destino de esos fondos.

Además, indicaron que ese dinero debía usarse como apoyo presupuestario y que solo de manera excepcional podía destinarse a la venta de dólares. También remarcaron que no se hicieron los informes periódicos obligatorios, lo que, según la denuncia, afectó la trazabilidad y la transparencia en el uso de esos recursos.