La ONG había solicitado que se investigara a los involucrados en la nacionalización de YPF y que se anulara el fallo que condenó al Estado argentino a pagar la indemnización. Sin embargo, la jueza consideró que la solicitud no cumplía con los requisitos temporales necesarios. 

El caso se originó en 2015, cuando Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos de litigio de sociedades relacionadas con el grupo argentino Petersen, que tenía una participación accionarial del 25% en YPF antes de la nacionalización. Las firmas reclamaron compensaciones millonarias argumentando que el Estado argentino debería haber realizado una oferta pública de adquisición para el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol, la empresa española que poseía el 51% de las acciones de YPF.

El director de Research for Traders, Daríos Epstein, destacó la seriedad del tema y criticó el uso político de la situación. Epstein expresó que “aquellos que vendieron pescado podrido y embarraron la cancha diciendo que iban a salvar US$ 16.000 millones, tengan un poco de humildad y llámense a silencio”. Además, señaló que “el tema es serio. No da que lo usen para operar políticamente”.

La jueza Preska fundamentó su decisión citando casos legales que establecen que las intervenciones presentadas más de un año después del inicio del caso no son válidas. En particular, citó el caso D’Amato versus Deutsche Bank, que establece que una intervención presentada más de un año después del inicio del caso no es válida. Además, mencionó el caso Restor-A-Dent Dental Lab’ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc., que establece que el interés del solicitante debe ser directo y no remoto o contingente.