Hoy cuenta con 587 camas, 132 de ellas en terapia intensiva; 20 quirófanos y más de 200 consultorios. Allí se realizan anualmente más de 630.000 consultas, 10.000 cirugías y 114 trasplantes. Según datos oficiales, el Garrahan atiende el 40% de los casos de cáncer infantil del país.

Desde sus comienzos es sinónimo de atención integral, docencia e investigación médica. Además, realiza más de 2 millones de estudios de laboratorio y posee el único servicio público de radioterapia pediátrica del país y cuenta con programas de trasplante, oncología, neurología y cardiología infantil.

Niñes de todo el país –y también de países limítrofes– llegan diariamente a sus instalaciones. Para muchas familias de bajos recursos, el Garrahan representa la única posibilidad de recibir atención médica de calidad. Su equipo médico está conformado por profesionales altamente capacitados, con una historia de formación y compromiso que lo convirtió en un faro regional en salud infantil.

Un conflicto que se agrava

El recorte presupuestario del gobierno nacional encendió todas las alarmas. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el hospital funciona con partidas congeladas del presupuesto 2023, sin actualizaciones frente a una inflación que ya supera el 65% en lo que va del año. Esto provocó una pérdida salarial estimada del 40%, según denunciaron trabajadores en distintas entrevistas.

La situación salarial afecta de manera directa al personal residente, cuyas becas están muy por debajo de la canasta básica. Según declaraciones de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital (APyT), recogidas por el portal Tiempo Argentino, los residentes perciben actualmente $797.061 mensuales, mientras la línea de pobreza ronda el millón de pesos.

Además del reclamo salarial, exigen la apertura de paritarias y una ley de financiamiento que garantice la operatividad del hospital. La Asociación de Profesionales convocó a varias jornadas de protesta y clases públicas para visibilizar el conflicto.

Este viernes 30 de mayo, la APyT participará de una audiencia pública en el Congreso de la Nación, donde exigirán una ley de financiamiento específica que garantice la operatividad del hospital pediátrico más importante del país. La cita será a las 15 horas en el Anexo del Congreso, con el objetivo de interpelar directamente a legisladores, gobernadores y funcionarios de salud.

Norma Lezana, secretaria general del gremio, explicó que buscan “una ley de emergencia o un proyecto que blinde económicamente al Garrahan”, porque —según afirmó— “lo que está en juego es el derecho a la salud de miles de niños y adolescentes de todo el país”.

El reclamo gremial cobra fuerza en un contexto crítico. El hospital depende en un 80% del presupuesto nacional y 20% del gobierno porteño, pero también genera ingresos propios —alrededor de 2.000 millones de pesos mensuales— por prestaciones a obras sociales y prepagas mediante el régimen SAMIC. Sin embargo, según denuncia la APyT, esos fondos no se destinan a recomponer sueldos ni cubrir las vacantes generadas por más de 200 renuncias en lo que va del año.

El plantel del Garrahan está compuesto por 4.728 trabajadores: 3.190 en tareas asistenciales (558 médicos, 1.261 profesionales no médicos, 1.073 técnicos, entre otros), 957 en logística y 581 en niveles de conducción. A esto se suman alrededor de 400 médicos residentes que cumplen funciones esenciales con salarios que rondan los $700.000 mensuales, lejos de los más de $1.700.000 que deberían percibir según la inflación acumulada desde 2022, de acuerdo con estimaciones gremiales.

“No hay concursos para reemplazar a los que se van. Los sueldos están en la indigencia. Un residente cobra $3.000 por hora, un médico de guardia apenas $6.000”, advirtió Lezana. Ante declaraciones de funcionarios que afirman que “sobran trabajadores”, la referente fue tajante: “El Garrahan atiende más de 600.000 consultas al año. No sobra nadie. Lo que falta es inversión”.

Como dato revelador, Lezana recordó que, durante el gobierno de Mauricio Macri, las autoridades del Garrahan presentaron las cifras de atención en la embajada de Estados Unidos. “Desde la embajada dijeron que son números de guerra, que se asemejan a los de un hospital en zona de conflicto armado”, sostuvo.

Desde la APyT insisten en que la salud pública no puede leerse con la lógica del mercado, ni medirse por déficit fiscal. “No son dádivas. La salud es un derecho básico y una inversión que debe garantizar el Estado con recursos estables y una mirada estratégica”, concluyó.