De hecho, en el documento, Trump advierte a Europa de la “desaparición de su civilización en los próximos 20 años o menos”. Más allá del aviso sobre la supuesta decadencia de Viejo Continente, Washington rescata la vieja doctrina Monroe, que durante el siglo XIX marcó una era de intervencionismo de Washington en América Latina dirigido contra gobiernos de izquierda, pero ahora con tintes trumpistas.

El objetivo principal durante estos primeros meses de su mandato ha sido Venezuela. Washington cree que en este país y en el régimen chavista confluyen todos los factores de interés estadounidense: abundantes recursos naturales incluido el petróleo, delincuencia transnacional, emigración masiva, un régimen que estaba en las antípodas ideológicas con buenas relaciones con China y Rusia y un presidente, Nicolás Maduro, que Washington ―Europa, y otros gobiernos de la región― consideraban ilegítimo, en especial tras el fraude electoral de julio de 2024. Ahora, tras el ataque terrestre y la captura de Maduro, se abren numerosas incógnitas sobre el futuro del país y las consecuencias del ataque del ejército estadounidense.

El ataque militar sobre el terreno y la captura de Maduro es el último episodio de un plan de escalada que se ha prolongado desde el pasado verano. Se produce tras meses de hostigamiento, con continuas amenazas de Trump para lanzar la campaña militar en cualquier momento, hasta este sábado.

La presión sobre el régimen chavista comenzó con una primera fase en la que la Administración Trump consideró a Venezuela un narcoestado y a Maduro un líder criminal. El ejército estadounidense ha bombardeado, sin orden judicial ni mandato del Congreso, una treintena de supuestas narcolanchas que surcaban aguas del Caribe y el Pacífico junto a las costas de Venezuela y Colombia. En estas operaciones, ha asesinado a 107 personas. Además, ha interceptado y se ha incautado de la carga de dos petroleros que navegaban en aguas del Mar Caribe.

La doctrina “Donroe”

En lo que la Casa Blanca define como “el corolario Trump a la doctrina Monroe”, y que ya ha comenzado a denominarlo jocosamente como doctrina Donroe (por la D de Donald), América Latina se percibe como una región de donde emanan algunos de los problemas más graves de Estados Unidos, y que es conminada a colaborar para que Washington cumpla sus metas: el recorte drástico de la migración, la “neutralización” de los carteles de la droga y la delincuencia transnacional, y la desaparición de las inversiones de China que florecen en la región. Por las buenas —mediante incentivos de colaboración económica—, o por las malas: el documento deja claro que el gran despliegue naval en el Caribe ante las costas de Venezuela permanecerá allí un buen tiempo.

“Queremos garantizar que el Hemisferio Occidental permanece lo suficientemente bien gobernado y razonablemente estable para impedir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos; queremos un Hemisferio en el que los gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los carteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que se mantenga libre de incursiones hostiles extranjeras y de posesión foránea de activos clave, y que apoye las cadenas de suministros fundamentales; y queremos garantizar nuestro acceso continuado a localizaciones estratégicas clave”, proclama la Estrategia de Seguridad.

El contenido de la nueva Estrategia no constituye una sorpresa. Desde su regreso a la Casa Blanca, la retórica de Donald Trump y de su Administración ya había suscitado denuncias de neoimperialismo y comparaciones con la doctrina Monroe de 1823, que evoca la política hegemónica de Estados Unidos en la región y agita el fantasma de sus episodios más atroces; desde apoyos a golpes de Estado y dictadores como el general Augusto Pinochet en Chile a intervenciones militares, la última de ellas en Panamá hace apenas tres décadas. En enero, el presidente estadounidense amenazaba con hacerse con Groenlandia (territorio autónomo danés) en el Ártico y con recuperar por la fuerza el control del canal de Panamá. Desde entonces, y con el halcón anticomunista Marco Rubio al frente de su política exterior, la atención de la Administración hacia el continente ha sido cada vez más notoria.

“Todo lo que hemos visto en los últimos meses apunta a una especie de diplomacia de las cañoneras versión 2.0. No hay que pensar demasiado para saber que la Administración de Trump no concibe lo que solíamos llamar poder blando y piensa que el único poder que existe es el de la fuerza, y obligar a la gente a elegir estar de tu bando”, opina John Walsh, director para los Andes y la política antidrogas de la ONG Oficina de Washington para las Américas (WOLA, en sus siglas en inglés).

Primera prueba de fuego

La primera prueba de fuego para la nueva estrategia está marcada por Venezuela. La caída del chavismo le puede dar puntos políticos internos muy valiosos en lugares como Florida, pero también puede ofender a su base de votantes MAGA (Make America Great Again), cansada de que Trump preste más atención a los problemas externos que a los domésticos. “Esta idea ―es más bien de Marco Rubio― de que podría generar un efecto dominó entre los regímenes autoritarios de izquierda en la región. Tendrías una Venezuela completamente al servicio de Estados Unidos, porque el nuevo Gobierno le debería su existencia a la intervención. Y después Nicaragua, y la joya de la corona para Rubio: Cuba”, sostenía Walsh, antes del ataque en Venezuela.

El panorama de una Venezuela sin Maduro no está exento de riesgos. El precedente de Irak es un claro recordatorio de que los cambios de régimen tienden a ser sangrientos, complicados y —muy importante para Trump— extremadamente caros.

“Otros países en América Latina pueden empezar a pensar de manera muy diferente, en términos de su propia soberanía y de estar bajo el puño o a las órdenes de otro, incluso si están más alineados políticamente con Washington, dada la larga historia de intervenciones de EE UU y cómo, con frecuencia, han acabado horrendamente mal”, advertía también Walsh.

Recompensas para los afines

Lo que sí hace el documento es codificar esa reordenación de una política en la que Trump no ha dudado en intervenir en ayuda de sus aliados o para tratar de perjudicar a quienes percibe como hostiles, en la que ya no se alude a la democracia como valor imprescindible, no se hace mención alguna a la corrupción y se prometen “recompensas” para los afines. También reconoce la necesidad de colaborar con los gobiernos de orientación “distinta” que estén dispuestos a cooperar en asuntos de interés común. Pero para los recalcitrantes, como Venezuela, hay un aviso: “despliegues selectivos” de una fuerza militar que va a aumentar su presencia y que podrá recurrir “a la fuerza letal donde sea necesario”.

Trump se ha reunido en el Despacho Oval con Nayib Bukele de El Salvador; ha rescatado a la Argentina de Javier Milei con un paquete de 20.000 millones de dólares [unos 17.178 millones de euros]; ha recortado aranceles a esos dos países y al Ecuador de Daniel Noboa. Su Administración se ha deshecho en elogios hacia el nuevo presidente derechista en Bolivia, Rodrigo Paz. Y ha intervenido en procesos electorales, algo que parecía ya era cosa del pasado: condicionó la ayuda a Argentina al triunfo de Milei en los comicios del 26 de octubre. Y puso patas arriba las elecciones de Honduras al expresar su apoyo al candidato de la derecha Nasry Asfura, quien acabó ganando las elecciones. El republicano dio el golpe de gracia al indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en Estados Unidos una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico. Algo que contradice sus declaraciones de que su hostigamiento a Venezuela tiene la lucha contra la droga como razón de ser.

Mientras, ha arremetido contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, al que ha insultado como “matón” y “narcotraficante”, y ha tratado de sofocar a Luiz Inácio Lula da Silva con una montaña de aranceles contra Brasil, antes de dar marcha atrás, forzado por la galopada de los precios de la alimentación que su decisión generó en Estados Unidos.

“Estados vasallos, esto está buscando” Washington, opina el exministro y antiguo embajador de Chile Jorge Heine. “Y lo dice abiertamente en esta Estrategia de Seguridad Nacional. Que va a tratar con los países con los que tiene afinidad ideológica y no con los otros. Es una cosa muy cruda”, agrega este catedrático investigador de la Universidad de Boston.

Heine apunta, entre otras cosas, a los apartados en el documento que especifican que los países latinoamericanos —“especialmente aquellos que dependen más de nosotros, y sobre los que, por tanto, tengamos más capacidad de presión”— tendrán que adjudicar contratos a las compañías de Estados Unidos sin necesidad de concurso público. O que Washington hará “todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región”, una alusión a China, cuyas corporaciones levantan desde puertos como el de Chancay en Perú al sistema de metro en Bogotá.