Las medidas adoptadas por el Tesoro generaron un amplio debate en el Congreso de Estados Unidos, donde diversas fracciones manifestaron preocupaciones y posturas divididas. Algunos legisladores objetaron el uso de recursos públicos para asistir a Argentina, invocando el historial recurrente de impagos del país y el riesgo para los contribuyentes estadounidenses. Según señala el Servicio de Investigación del Congreso, también se argumentó que la asistencia podría beneficiar de manera desproporcionada a inversores privados con activos argentinos, y que la falta de información sobre los términos del acuerdo dificulta la labor de supervisión parlamentaria.

Asimismo, determinados sectores del Capitolio detectaron riesgos para los productores y exportadores estadounidenses, especialmente en sectores como la soja y la carne, ante la posibilidad de que Argentina incremente sus exportaciones y compita directamente en mercados globales. Además, se expresaron críticas en torno a que “las medidas implican una injerencia en una elección democrática extranjera”, en relación con la presunta condicionalidad del respaldo financiero a los resultados de las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Por el contrario, el gobierno estadounidense defendió la operación. Según recoge el CRS, se sostiene que Argentina constituye un “aliado de importancia sistémica” para Estados Unidos en el continente y que la consolidación de las reformas impulsadas por la administración Milei favorecería la estabilidad y prosperidad del hemisferio occidental.

Impacto económico y desafíos para la política argentina

El análisis del CRS destaca que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas. El swap proporcionado por el Tesoro estadounidense se transformó en la mayor fuente de moneda extranjera, ya que el resto de los activos internacionales del Banco Central está comprometido para respaldar obligaciones previas, y el superávit comercial resulta insuficiente para cubrir las necesidades de financiamiento externo. “Con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas”, alertó.

Y sumó: “Si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso. En ese escenario, el gobierno podría buscar apoyo adicional de EE.UU., el FMI u otros organismos. Las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros. Además, en agosto de 2025, Argentina solicitó y obtuvo una dispensa del FMI por no cumplir la meta de reservas internacionales fijada en el programa”.

Siguiendo esa línea argumental, el documento sostuvo que desde el punto de vista económico, “también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para EE.UU., ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global”.

Perspectivas y dilemas en la política estadounidense

El CRS puntualiza que el manejo de los recursos del Fondo de Estabilización de Cambios reside en gran medida en el secretario del Tesoro, aunque el Congreso conserva atribuciones para modificar criterios de uso, imponer límites de duración y monto, exigir reportes de seguimiento e intervenir sobre la razonabilidad de los apoyos a países con antecedentes de crisis recurrentes. Actualmente, existen propuestas legislativas tanto para restringir como para expandir estas facultades, y también para reforzar la transparencia en los términos de los acuerdos. En tal sentido, remarca tres caminos posibles:

• Si apoya el respaldo a Argentina, podría alentar al Tesoro a aumentar el monto o la duración del swap, coordinar con otras agencias para identificar alternativas o incrementar el tamaño del ESF, además de dar más directrices sobre su uso.


• Si se opone, podría prohibir el uso del ESF para cualquier gobierno extranjero o para Argentina en particular, o restringirlo para gobiernos competidores o que no adhieran a programas del FMI. En el Congreso se presentaron proyectos para prohibir el uso del ESF en Argentina y para redirigir esos fondos a otras prioridades nacionales.


• Si busca preservar la discrecionalidad del Secretario del Tesoro de EE.UU. pero con mayor control, el Congreso podría acortar los plazos para informar sobre préstamos o líneas de crédito a gobiernos extranjeros, exigir informes a los comités clave, divulgar los términos de los acuerdos de financiamiento, o requerir aprobación legislativa para montos o plazos superiores a cierto umbral. También podría solicitar informes de riesgo sobre programas con gobiernos extranjeros.

“Las reformas económicas de la administración Milei arrojaron resultados mixtos. La economía creció, la inflación bajó y el gobierno registró superávit fiscal, pero el desempleo osciló y hubo protestas por los recortes. Persisten dudas sobre la estabilidad de la política cambiaria y la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos pagos de deuda. También hay interrogantes sobre la continuidad del cumplimiento del programa con el FMI. La administración Trump utilizó las facultades otorgadas por el Congreso para reforzar las reservas argentinas, una acción que sigue siendo objeto de debate legislativo. Resta ver hasta qué punto el Congreso respaldará o se opondrá al apoyo económico estadounidense a Argentina”, concluye el informe.