Para 2026, la Secretaría de Educación contará con $6,3 billones, lo que representa el 30% del presupuesto del Ministerio de Capital Humano. Traducido a números más claros: la inversión educativa rondará el 0,75% del PBI. Es apenas un poco más que en 2025 (0,73%), pero sigue muy por debajo del 0,88% de 2024 y lejísimos del 1,59% del PBI que se destinaba en 2015.

Si se compara con 2023, cuando Educación todavía tenía rango de ministerio y manejaba $1,3 billones, el aumento parece enorme: un 464% nominal. El problema es que la inflación se comió ese crecimiento. Para tener hoy los mismos recursos reales que en 2023, el presupuesto debería haber aumentado casi un 940%. En los hechos, la Secretaría de Educación va a funcionar con un 50% menos de recursos reales que hace tres años, algo que se nota tanto en los recortes como en la desaparición de programas enteros.

La educación universitaria tampoco zafa: para 2026 tendrá un recorte real del 32%. Pero las áreas más golpeadas son otras: infraestructura y equipamiento, formación docente, e innovación y desarrollo tecnológico, con caídas reales que van del 85% al 92%. Prácticamente, un vaciamiento.

Un capítulo aparte merece el FONID (Fondo de Compensación Salarial Docente). En 2024 el Gobierno decidió no renovarlo, lo que significó un golpe directo al salario docente. En el Presupuesto 2026, el fondo queda casi totalmente desfinanciado, con una caída del 97%, confirmando el retiro del Estado nacional del sostenimiento del federalismo educativo y de la igualdad salarial entre provincias.

Otro punto muy cuestionado es el recorte a las escuelas técnicas. El fondo específico para la Educación Técnico Profesional pierde casi el 50% de sus recursos reales en comparación con 2023.

Además de los recortes brutales —que en algunos casos llegan al 98%—, hay programas que directamente desaparecen del presupuesto 2026. Entre ellos: “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, “Mejoramiento de la Calidad Educativa”, “Conectar Igualdad” y “Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas”.

El único programa que creció en términos reales en los últimos dos años es el de “Información y Evaluación de la Calidad Educativa”, que pasó de $2.425 millones a $36.285 millones, un aumento real cercano al 60%. Y el único programa nuevo respecto de 2023 es el “Plan Nacional de Alfabetización”, que tendrá $580.000 millones en 2026, aunque ese monto es 15% menor en términos nominales que el asignado en 2025.

Las decisiones de desfinanciar casi por completo programas clave marcan con claridad un cambio de paradigma en la política educativa nacional. Bajo el argumento de la eficiencia administrativa, se rompe una continuidad institucional de más de 20 años. Esto se ve especialmente en cuatro programas que en 2026 quedan prácticamente sin recursos frente a 2023: Educación Sexual Integral (ESI), Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes, Fortalecimiento Territorial y Conectar Igualdad.

En concreto, la ESI tendrá un 90% menos de presupuesto que en 2023. No habrá capacitaciones docentes ni asistencia a las provincias. Tampoco se construirán jardines de infantes con fondos nacionales, no se repartirán dispositivos tecnológicos ni se ampliará la conectividad en las escuelas.

El Presupuesto 2026 fue aprobado con amplio respaldo legislativo, pero el debate parlamentario se concentró casi exclusivamente en obras públicas, giros de fondos y promesas de transferencias a las provincias, dejando de lado cuestiones centrales de la gestión educativa.

El giro en la política educativa —que empezó con la baja de ministerio a secretaría y la eliminación del FONID— se profundiza ahora con recortes en la universidad, el desmantelamiento de la ESI, y el retroceso en infraestructura y conectividad, ejes centrales del ajuste impulsado por el Ejecutivo.

Sostener el equilibrio fiscal en educación no solo corta políticas históricas, sino que además profundiza las desigualdades entre provincias, generando brechas cada vez más grandes en la calidad educativa de estudiantes y docentes según el lugar donde vivan. En nombre del ahorro, la educación vuelve a pagar la cuenta.