El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien era ministro de Economía cuando se realizó la operación, cuestionó en duros términos el fallo judicial como "insólito, disparatado y una agresión a la soberanía argentina". Y le sumó un condimento político al acusar al presidente Javier Milei y a su gobierno de tener una acción poco decidida para defender la compañía.

En una conferencia de prensa realizada por la tarde, Kicillof sostuvo que Milei "evidenció que lo que quieren él y su fuerza política es privatizar todo, regalar y entregar. Lo que han hecho, con insultos y agravios, es contradictorio y peligroso porque le da la razón a los demandantes", sostuvo a partir de los dichos del mandatario en la víspera. 

Por eso, Kicillof dijo que responsabilizaba a Milei por "cualquier decisión que ponga en riesgo algo tan sensible para los argentinos como son YPF, Vaca Muerta y nuestra soberanía energética". Ya en terreno de confrontación política con el gobierno nacional, el Partido Justicialista salió a respaldar la posición con un comunicado en el cual llamó a "constituir un frente social y multipartidario en defensa de la soberanía nacional" luego de que la magistrada ordenara que Argentina le entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía.

La posición del Gobierno

En ese escenario, a última hora de anoche se conoció que el Gobierno argentino dio el primer paso para frenar la decisión y en una carta enviada a la jueza Preska, la administración nacional a cargo del presidente Javier Milei reclamó la suspensión del alcance del fallo. En esa misma carta, le anticipó que presentará una apelación formal.

Por la mañana, el Presidente convocó una reunión de Gabinete en la cual se analizaron las alternativas para delinear la apelación del fallo y descartó presentar garantías ante la Justicia de Estados Unidos, en un avance de la decisión de no pagar la indemnización de USD16.100 millones ni acatar la transferencia de activos dispuesta por la magistrada estadounidense.

Desde el entorno del Presidente también descartan la posibilidad de diseñar un esquema de pago o compensación para los fondos demandantes que adquirieron los derechos litigiosos luego de que se concretara la estatización de la petrolera.

"No se transferirán activos ni dólares ni se tomará deuda. No vamos a usar recursos que puedan complicar las cuentas públicas", afirmaron desde el Ejecutivo. Según trascendió, el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla mantuvo una reunión clave con el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para coordinar la estrategia jurídica y comunicacional del caso.

En ese escenario, aún persiste la incertidumbre porque, si bien el Gobierno ya anticipó que apelará el fallo, todavía no detalló cómo será la estrategia legal para evitar la ejecución.