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En la administración -en el sentido más empresarial de la palabra- a cargo del presidente Javier Milei, la medida no sorprende: se ubica en línea con el reglamento de las distribuidoras eléctricas y responde a un proceso de “normalización” que, según pretende la Casa Rosada, llevará a la compañía a ser privatizada. Como es evidente, en todo este esquema -diseñado por el ministro de Economía Luis Caputo- no parece haber lugar para consideraciones de la índole de que el agua es un servicio esencial y que un hogar no podría mantenerse a flote sin suministro de agua potable.

Lejos de ese escenario, AYSA identificó uno a uno a cerca de 700 mil usuarios morosos, y el Gobierno libertario autorizó cortarles el agua desde este lunes. La decisión no repara en que el Ejecutivo viene de habilitar subas del 305% interanual, como surge de un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA); ni en que, debido a ello, una familia tipo necesita más de $130.000 mensuales para costear las facturas sin subsidios, que se suman a las tarifas de luz, gas y otros servicios cotidianos.