El Poder Ejecutivo, por medio del decreto 534/2025, vetó las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.
Sin embargo, la Cámara de Diputados de la Nación insistió con este último proyecto y rechazó el veto presidencial. Ahora, la última palabra la tiene el Senado.
Además, hay un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que hizo lugar a una acción de amparo promovida por una familia. Allí, se rechaza el veto al aducir que se pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que sus hijos con Trastorno General del Desarrollo (TGD) necesitan para tener una vida digna.
La ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad fue aprobada con dos tercios en Diputados y Senadores, lo que expresa un consenso transversal y plural. La declaración, para todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, busca asegurar un financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Discapacidad para Protección Social y generar una pensión no contributiva compatible con el empleo formal.
Adicionalmente, contempla otras medidas como el refuerzo general de los programas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la cobertura de salud pública que implican los nuevos beneficiarios de PNC por discapacidad y el flamante mecanismo de actualización mensual de aranceles de prestadores. Además, se reafirma la obligación del Estado de cumplir el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
El principal argumento del Ejecutivo para el veto vuelve a ser la dimensión fiscal. Desde la perspectiva del Gobierno, representa una amenaza al equilibrio de las cuentas del Estado.
Sin embargo, a partir de datos públicos disponibles y realizando una estimación sobre medidas cuantificables, se puede dimensionar el impacto mínimo que esta Ley de Emergencia tendría sobre las cuentas públicas.
El 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad, pero solo el 32,2% logra acceder a un empleo
El impacto fiscal total de las medidas cuantificables se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). Dicho costo se compone de los siguientes elementos:
- Las nuevas altas de la pensión por discapacidad son el componente de mayor peso fiscal. El impacto es el costo bruto total de incorporar entre 493.000 y 946.000 personas al sistema. En función de la aprobación reciente de la suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI).
- La exención del 50% de las contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa un costo fiscal de $12.600 millones, lo que equivale a 0,0015% del PBI.
- Compensación de emergencia a prestadores: se calcula un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
- Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos: el costo adicional por la actualización del estímulo económico para los trabajadores de Talleres Protegidos de Producción asciende a $7.160 millones (0,0009% del PBI).
Según cifras oficiales, en Argentina hay 1.503.779 personas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, aunque se calcula que alrededor que hay alrededor de cinco millones de personas con discapacidad en el país. A su vez, de acuerdo con el informe de ANSES sobre el tercer trimestre de 2024, se registraron 1.525.195 beneficios del sistema no contributivo, con un haber promedio de $285.720, de los cuales el 77% corresponde a Pensiones No Contributivas por Invalidez.
El 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad, pero solo el 32,2% logra acceder a un empleo, ya sea en el sector público o privado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta situación refleja la exclusión laboral de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, en general esta población gana 12% menos por hora que otros empleados, y el 9% de esta diferencia no se puede justificar por factores como la educación, la edad o el tipo de empleo.
Para profundizar aún más en el tema, en el sitio de Fundación Éforo se encuentran publicados informes técnicos y ciudadanos.
