La decisión oficial de cerrar la ventana de las Lefis dejó en primera instancia un sobrante de liquidez que desplomó la tasa de interés y disparó, por ende, la cotización del dólar, frente a un Gobierno con dificultades para acumular divisas en un contexto de una divisa cuya cotización estaba visiblemente atrasada. Ese pánico obligó al Gobierno a pegar un volantazo, centrarse en evitar una mayor devaluación que tuviera un traslado a precios capaz de complicar la desinflación en la previa electoral y, entonces, elevar decididamente la tasa de interés en licitaciones del Tesoro incluso fuera de cronograma para intentar captar parte del sobrante de pesos, y también mediante subas de los encajes, que llegaron a requerimientos del 50%, que no se veían desde 1993.

La tasa, entonces, además de volátil en la dinámica intradiaria, empezó a mostrarse cada vez más alta. Los adelantos en cuenta corriente, clave para el capital de trabajo de las pymes, alcanzaron picos del 90%. Con las referencias de los instrumentos oficiales cada vez más elevadas, el resto de los tipos de interés del sistema comenzaron a volar. Al impacto en la actividad económica de esa suba de la tasa en los créditos a empresas se le suma el costo fiscal que el Gobierno debe asumir por esos instrumentos, que en las licitaciones del Tesoro, que pasaron a ser la referencia tras el desarme de Lefis, se expresan en las Lecaps y Boncaps. También se le suma una esperada contracción en los préstamos para consumo, dado el cada vez más incumplimiento de los hogares en los pagos de sus deudas.

Desde la consultora 1816 se centraron en el impacto fiscal de la actual política monetaria oficial. Destacaron que la supertasa complicaría mucho el equilibrio fiscal si se sostuviera hasta diciembre, pero la promesa oficial de que la política monetaria centrada en evitar la suba del dólar durará solo hasta las elecciones concentra el impacto en ese trimestre restante. Dijeron: “Las tasas reales actuales de las Letras, de alrededor de 30% anual, de mantenerse hasta diciembre, implicarán hacia fin de año un costo “fiscal cercano a 0,23% del PBI anual por mes. Es una cifra muy alta, que pondría en riesgo el logro fiscal de la Nación, En agosto, septiembre y octubre los números seguramente empeorarán, pero luego llegará el “dia después” en el que, postelección, el Gobierno podrá optar por un nuevo par tasa-dólar”.

Vale destacar que no se trata de que el resultado fiscal que publica la Secretaría de Hacienda en forma mensual vaya a dar negativo. La razón por la que las consultoras se esfuerzan en estimar el impacto “oculto” para lo fiscal es porque el Gobierno decidió endeudarse vía Lecaps, que capitalizan sus intereses y se pagan al vencimiento. Es decir, no entra dentro de los gastos por intereses mensuales, sino que se contabilizan como el capital de la deuda, que queda fuera del resultado fiscal base caja. Sin embargo, implica que el Gobierno deba usar pesos para pagarlos todos los meses.

El BCRA, por su parte, publicó el dato a junio de la morosidad de los hogares en el pago de sus créditos. La contracción del salario explica buena parte del alza que viene mostrando ese indicador. Las tasas altas no ayudarán hacia adelante, en particular no colaborarán con la continuidad del crédito. En junio el ratio de irregularidad de los hogares en tarjetas de crédito llegó al 4,9%. Una sola vez en la historia, según mostró la serie oficial que arranca en 2003, se había visto un número tan alto y había sido en julio del 2021. Para créditos personales llegó al 6,5%, inédito también desde mediados del 2021.

El CEPA se centró en el impacto de las supertasas sobre las pymes: “El gobierno estuvo dispuesto a pagar el costo de tasas irrisorias y volatilidad, con tal de absorber los pesos que sean necesarios para que el dólar no continúe al alza. Cuidar la actividad económica no estuvo en consideración, siendo que aún con tasas de Adelanto en Cuenta Corriente de 1 a 7 días (instrumento comúnmente usado para la financiación recurrente de las empresas) por encima del 65% TNA, el gobierno insistió con el apretón y llegaron a ubicarse por encima del 90% TNA. Desde CEPA estimamos que el costo agregado para las pymes desde el desarme de las LEFI fue de más de USD 100 millones, también destacando la caída en los montos negociados, que se verá reflejado en una ralentización de la actividad”.