La firma, propiedad de Marcela Caputo, ofreció abonar solo el 50% de las indemnizaciones en cuotas, propuesta que fue rechazada por los empleados.

Según denunció Marcela Ibarrola, secretaria gremial del SOIP, la empresa también planteó alquilar el espacio a un tercero, que asumiría a parte del personal, pero sin registrarlos formalmente.

“Los trabajadores no quieren ser precarizados. Reclaman continuidad laboral con los convenios vigentes”, advirtió la dirigente sindical.

Tras la negativa, la relación entre las partes quedó suspendida. El lunes pasado, un grupo de obreros se manifestó pacíficamente en la casa de la dueña para exigir el pago de los haberes adeudados y la preservación de las fuentes laborales.

No obstante, esta semana llegó el primer telegrama de despido a uno de los participantes de la protesta, y se esperan más notificaciones en los próximos días.

Ibarrola señaló además que la empresaria enfrenta embargos y cheques rechazados, aunque posee otras propiedades. Por el momento, no está prevista una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

“Caputo propone algo que solo la favorece a ella, mientras los obreros quieren volver a trabajar con los convenios y derechos que les corresponden”, remarcó la representante sindical.