En el documento, las personas que viven en barrios vulnerables tienen 15 veces más probabilidades de morir como consecuencia de condiciones climáticas extremas, y las muertes por inundaciones son siete veces mayores en los países con mayor desigualdad. Si se observa la información por tipo de factor de riesgo ambiental a nivel nacional, la mayoría de los barrios populares se encuentra afectada por zonas inundables en un 48% y por microbasurales en un 34%. 

 

Según CISUR, la mortalidad en barrios populares de Argentina evidencia las desigualdades estructurales que atraviesan a la población que habita esos territorios. La edad promedio de fallecimiento es de 71,6 años en la población general, según el Censo de 2022, mientras que en barrios populares baja a 60,6 años: 11 años menos de vida.

 

 Fuente: Centro de Integración Socio-Urbana (CISUR).

Si se desagrega por sexo, los varones de la población general fallecen a los 68,9 años en promedio, mientras que en barrios populares se da en la media de los 59,4 años: 9,5 años de diferencia. En el caso de las mujeres, es a los 74,3 años en promedio, mientras que en los barrios populares es a los 62 años: la distancia se agranda y pasa a ser de 12,3 años en promedio.

También se observa una baja presencia de población adulta mayor: solo el 2,6% de los habitantes tiene entre 65 y 79 años, mientras que a nivel nacional representan el 9,1%. El 47,77% de quienes viven en barrios populares fallece entre los 15 y los 64 años, mientras que en la población general el porcentaje desciende al 22,29%. 

En diálogo con El Auditor.info, Camila Zanoni, directora de comunicación de TECHO, asegura que “desde 2018, gracias a un consenso político amplio e impulsado por organizaciones sociales y comunidades, se sancionó la Ley 27.453 para la integración socio urbana de los barrios populares, que creó el Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU)”. Este fondo permitió llevar a cabo obras y trabajos comunitarios en esos territorios. 

Sin embargo, agrega Zanoni, que “desde 2024 las políticas de integración socio urbana fueron atacadas, desfinanciadas y desarticuladas; y en lo que va de 2025 se ejecutaron apenas USD 4,2 millones, es decir, el 0,2% de lo necesario para intervenir en los barrios populares”.

Un estudio reciente de TECHO y de Fundar estima en USD 27.000 millones el costo total para cerrar la brecha de infraestructura en todos los barrios populares, proyectado en un plazo mínimo de 12 años. “Esto confirma que, para enfrentar la pobreza estructural y la emergencia habitacional en Argentina, se necesita coordinación intersectorial -sociedad civil, Estado y sector privado- y un plan de largo plazo que trascienda gestiones y se sostenga con un amplio consenso”, completa Zanoni.

Los barrios populares en Argentina “son una expresión de pobreza estructural entendida como una acumulación de múltiples desventajas sociales, que se traducen en muchas oportunidades de vida diferentes”, dice Santiago Poy, sociólogo, investigador del CONICET y miembro de Fundar.

“El déficit no es solo en infraestructura (gas, agua, vivienda)”, dice Poy. Y agrega: “También hay falta de acceso a recursos educativos. Eso repercute directamente en menos oportunidades laborales, aunque también influye no contar con un domicilio declarado y, por eso, no poder obtener trabajos en blanco”.