Anticipando esta situación, el 23 de marzo, cuando aún había quórum, el cuerpo delegó en el presidente del organismo, Juan Manuel Olmos, algunas funciones administrativas, como la gestión interna o el inicio de auditorías ya aprobadas. Oportunamente, el Observatorio del Control Público (OCP) de Fundación Éforo, que dirige su vicepresidenta, Carla Pitiot, había advertido que esa delegación era limitada y no reemplazaba la autoridad del cuerpo colegiado. 

Las decisiones clave, como la aprobación de informes, la modificación del plan anual o la fiscalización del uso de recursos públicos, quedaron paralizadas.

Los flamantes representantes de la Cámara baja recibieron 186 votos afirmativos, tres abstenciones y ningún voto en contra.

¿Quiénes son los auditores designados?

Forlón y la AGN no se verán las caras por primera vez. En su caso, se trata prácticamente de una renovación del mandato, ya que fue auditor general del organismo entre 2016 y 2024. Es un abogado santacruceño que fue presidente del Banco Nación y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), entre otros. Su nombre siempre estuvo asociado al kirchnerismo.

Almada, por su parte, es abogada y tiene un pasado vinculado al PRO. En 2009, por ejemplo, fue nombrada directora administrativa del Teatro Colón por Mauricio Macri. Sin embargo, desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación forma parte del equipo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Hasta su jura como auditora, estuvo al frente de la Unidad de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas.

Calletti, en tanto, también es abogada. El 10 de diciembre venció su mandato como diputada nacional, donde estuvo al frente del bloque Innovación Federal. Tiene un vínculo de extrema confianza con el gobernador salteño Gustavo Sáenz.

Antes de ser diputada, durante la gestión de Juan Manuel Urtubey en la Gobernación de Salta, Calletti fue ministra de Justicia, ministra de Derechos Humanos y Justicia y fiscal de Estado, entre otros cargos.

Advertencias del Observatorio del Control Público

En julio, el Observatorio del Control Público (OCP) había alertado sobre la situación de acefalía que enfrentaba la Auditoría General de la Nación (AGN).

El informe también advertía que la vacancia prolongada no solo debilitaba a la AGN, sino que afectaba directamente la capacidad del Congreso para ejercer su función constitucional de control y vulneraba el derecho de la ciudadanía a saber cómo se utilizan los recursos públicos.

Para el Observatorio, era necesario designar con urgencia a los seis auditores faltantes y garantizar que el organismo recupere su funcionamiento pleno. De lo contrario, afirmaban, se permitiría la consolidación de una peligrosa anomalía institucional.