“Como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR...”, comienza la controversial misiva publicada por la excartera de Desarrollo Social. El área tiene a su cargo a la secretaría de Educación, que fue foco en las últimas semanas de profundas críticas por el recorte de fondos a las universidades nacionales y sufrió una fuertísima arremetida política en la marcha por la educación pública del 23 de abril, tal vez la protesta más exitosa en lo que va del mandato de Javier Milei.

Pero aparentemente no fue el carácter masivo de la movilización lo que logró torcer el rumbo de la “motosierra” sino un espurio acuerdo entre la cúpula del Poder Ejecutivo y, del otro lado, los legisladores del radicalismo, muchos de los cuales poseen cargos jerárquicos en las más importantes facultades del país. El entendimiento era tan solo una sospecha hasta ahora, tras la repentina noticia de que el gobierno había aceptado el reclamo de actualizar el presupuesto de las casas de estudio, pero hoy los verdaderos motivos vieron la luz.

Es que mientras cientos de miles de de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores luchaban para que el gobierno subsane de buena fe la escabrosa situación financiera de las universidades, el foco de la gestión de La Libertad Avanza estaba clavado en la “Ley de Bases” que ya consiguió media sanción en Diputados pero ahora se enfrenta a un áspero escenario en la Cámara Alta. En ese marco, el poroteo de votos indica que la lapicera probablemente caerá en el radicalismo, que debe decidir entre oponerse al mega paquete de medidas junto a Unión por la Patria (UxP) o, en su defecto, apoyar la iniciativa oficialista.