La medida fue establecida mediante el Decreto 1366/2026 y redefine los criterios para considerar a una firma como proveedor local. A partir de la nueva reglamentación, alcanza con que la empresa esté constituida y domiciliada en la Argentina, sin importar el origen de su capital accionario.
Para Pichetto, el cambio desnaturaliza uno de los objetivos centrales del régimen aprobado por el Congreso, que buscaba garantizar una participación mínima de la industria nacional y de las empresas argentinas en los grandes proyectos de inversión.
“El Gobierno modifica el RIGI para que filiales de grupos extranjeros compitan como proveedoras locales, vulnerando la ley votada por el Congreso”, sostuvo el legislador a través de sus redes sociales.
Según el excandidato a vicepresidente, la decisión genera una competencia desigual para las firmas nacionales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan integrarse a las cadenas de valor vinculadas a sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura.
“Es una competencia desigual que pone en riesgo, una vez más, a las empresas argentinas. El Estado tiene la responsabilidad de defender el entramado productivo”, afirmó.
La polémica surge porque la ley del RIGI establece que los proyectos adheridos al régimen deben destinar al menos un 20% de sus compras de bienes y obras a proveedores locales cuando existan condiciones competitivas de precio y calidad. Con la nueva reglamentación, ese porcentaje podrá ser cubierto también por filiales locales de grupos extranjeros.
Pichetto advirtió que la modificación podría reducir las oportunidades para las compañías de capital nacional y favorecer una mayor dependencia de proveedores vinculados a las propias multinacionales que desarrollen los proyectos.
“Vamos hacia una economía de enclave o de campamento, en la que ahora se habilita al gerente de compras del proyecto a abastecerse directamente de China”, señaló.
Las declaraciones del diputado reavivan el debate sobre el impacto del RIGI en la industria argentina. Mientras el Gobierno defiende el régimen como una herramienta para atraer inversiones de gran escala, sectores de la oposición y representantes empresariales vienen planteando la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen una mayor participación de proveedores nacionales en los proyectos beneficiados por el programa.