Si bien en los últimos años aumentó la injerencia de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+ dentro del mundo del trabajo, la desigualdad laboral en Argentina sigue siendo estructural y está documentada por diversos organismos oficiales y académicos.
El Programa contaba con un reconocimiento institucional, el Sello Igualar, un instrumento que evaluaba y certificaba el compromiso de las organizaciones con la igualdad de género, y se otorgaba en tres niveles: inicial, intermedio y avanzado, según el cumplimiento de un plan de acción conformado por 25 medidas.
“Tratábamos de orientar a las empresas en determinadas acciones, por ejemplo, buscar perfiles de mujeres para los cargos directivos, obviamente cumpliendo siempre con la idoneidad y respetando los horarios de oficina y de fábrica. Siempre en empresas compatibles con las responsabilidades de cuidado, para que quienes cuidan puedan estar en el trabajo. Y que cumplan con la normativa del Ministerio de las Mujeres: que cuenten con bases de cuidado obligatorios para cuando una mujer tenía niños menores de tres años”, explicó Lucía Cirmi Obón, ex subsecretaría de Políticas de Igualdad, en diálogo con El Auditor.info.
A través de este Programa se creó la norma IRAM SIGEG 57001 de Sistema de Gestión en Equidad de Género, aplicable a cualquier organización, sin importar su tamaño o las actividades que realice. Es una propuesta de autoevaluación, a partir de un proceso normativo, que utilizan las empresas desde una perspectiva de género.
Para Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la suspensión de este tipo de iniciativas “es un retroceso en materia de equidad laboral, porque articulaba capacitaciones, había planes de acción que se enfocaban en cuestiones de género, mucho diagnóstico y muchos datos'. Sin embargo, aclaró que, según su criterio, “tenía que apuntar más en igualar condiciones laborales, en capacidades y en expertise; no obligar, sino trabajar en conjunto”.
El sector industrial fue reflejo, históricamente, una fuerte división sexual del trabajo: las mujeres suelen estar subrepresentadas en los puestos técnicos, operativos y de toma de decisiones, y sobrerrepresentadas en tareas administrativas o de servicios de apoyo.
IGUALAR apuntaba a diluir esas brechas laborales a través de diagnósticos de género en empresas e industrias; capacitaciones con enfoque de género para sindicatos, empleadores y trabajadores del sector; convenios con cámaras industriales y sindicatos para impulsar la incorporación de mujeres y diversidades; y promoción de entornos laborales libres de violencia y discriminación.
Además, no le generaba gastos a aquellas organizaciones que se adherían: “Eran políticas que no representaban más costo que el equipo de trabajo del IGUALAR, pero que tenían un impacto en el sector productivo, acompañando esas transformaciones”, aclara Cirmi Obón.
La supresión de estos programas de acompañamiento y capacitación, para la ex funcionaria, trae aparejadas consecuencias que van más allá de las desigualdades en el mundo del trabajo: “La recuperación sostenible sin las mujeres adentro no es del todo sostenible. Con el ajuste del Estado que está ocurriendo ahora, las que más sufren son ellas, porque son mayoría en el empleo público, así como en las políticas sociales, y como usuarias de la educación y de la salud pública”.
Zurzolo sumó su crítica a la eliminación de IGUALAR: “Había mucho por mejorar, pero lo que no se puede hacer es sacar por completo. Se debe trabajar para que lo que no funcionaba, funcione”, expresó.
Algunos de los 13 programas eliminados fueron Menstruar; Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero; y el Programa Producir, entre otros.
