“Ellos querían un paro nacional para tener impacto y que el poder apolítico apure a la Justicia para resolver el concurso”, dijo una fuente que participa de las negociaciones. “Pero les salió el tiro por la culata, porque la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), pidió la conciliación y los dejaron afuera”, abundó.

Efectivamente, el acta de conciliación obligatoria que evitó el paro nacional menciona a la Cámara y a algunas empresas, pero no a Vicentín. Por ese motivo, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo, mantiene la medida de fuerza que consiste en una “retención de tareas” en las plantas que la compañía administra en Ricardone y el puerto de San Lorenzo, según confirmó Martín Morales, secretario gremial de la entidad.

Conocido el anuncio del paro el martes por la tarde, la Ciara difundió un comunicado en el que señaló su “profundo rechazo a la decisión sindical de paralizar todas las actividades de la industria aceitera y exportadora del país por un conflicto sindical del que resulta absolutamente ajeno”.

“Vicentín y los sindicatos quienes deben resolver el asunto; establecer una mesa de trabajo y alcanzar los entendimientos necesarios y posibles, pero sin alterar el normal funcionamiento de toda la agroexportación”, añadió la Cámara. “Desde que entró en concurso, la Ciara le soltó la mano a Vicentín”, dijo la fuente. El comunicado agrega que “toda la Argentina está haciendo un esfuerzo sustantivo para estabilizar la economía nacional y nadie tiene derecho de poner este bien común en juego por un interés particular, por importante que pueda ser para los afectados».

Paralelamente, el juez del concurso de Vicentín, Fabián Lorenzini, firmó una resolución por la cual designó dos veedores y controladores de la administración de la empresa, sin desplazamiento del directorio. Una suerte de intervención suave. La cerealera, que está concursada desde marzo de 2020, estuvo intervenida por el juzgado civil y comercial de Reconquista hasta agosto pasado.

“Nosotros lo que pedimos el viernes (7 de marzo) en la audiencia judicial, y que lo pidieron varios, como el Grupo Grassi y el Banco Nación (que también son acreedores), es la intervención de la empresa”, dijo Morales. “Porque cuando terminó la intervención, el 31 de agosto del año pasado, empezaron los problemas de caja”, completó.

Morales recordó una frase que dijo en la audiencia del viernes 7 en el juzgado de Lorenzini, donde se reunieron las partes interesadas en el concurso preventivo de la agroexportadora: “Pongan a alguien para controlar a estos tipos, porque si no nunca va a alcanzar la plata”.

Sin embargo, el juez tomó un camino intermedio: no firmó la intervención de la administración de la empresa -atento a que el expediente está en manos de la Cámara Civil y Comercial de Rafaela, por decisión de la Corte Suprema provincial-, sino la designación de dos veedores para que pongan un ojo sobre los números.

“Se establecerá, por lo tanto, una veeduría de control y seguimiento de la administración, sin desplazamiento de los actuales directores, y por un lapso inicial de 120 días; prorrogables en virtud de las circunstancias imperantes a la fecha de su vencimiento inicial, o mediando una petición expresa del comité de acreedores en tal sentido”, dice la resolución firmada por Lorenzini.

En la audiencia del 7 de marzo, Vicentín expuso que “no contaban con la liquidez necesaria para afrontar el pago del 100% de los haberes correspondientes al mes de febrero de 2025 de su nómina salarial, cupo vencimiento operaba el día lunes 10 de marzo de 2025”. Lo cual, para el sindicato de aceiteros, se trata de una posible “extorsión” para que se defina la situación judicial.

Ante ese planteo empresarial, tanto el acreedor comercial mayoritario Grassi como los sindicatos del sector y el Banco Nación le solicitaron al juez la intervención. En la resolución del martes, Lorenzini señala que “este vaticinio -tristemente- se cumplió en el día de ayer (por el lunes) cuando la empresa en crisis anunció que abonaría solamente el 30% de los salarios de su plantilla”. Añadió en la resolución que “por lo tanto, consideramos razonable y ajustado de derecho asumir la instauración de mecanismos de seguimiento y control de la administración” de la cerealera.

El magistrado resolvió que “los expertos designados para cumplir este rol procesal concursal serán, el contador público nacional Andrés Shocrón y el doctor Guillermo Nudemberg, en mérito a su labor anterior, dado el conocimiento precedente de los negocios y operaciones de la sociedad concursada, y por su acreditada idoneidad técnica; y ostentarán un doble rol de consultores técnicos del comité de acreedores y auxiliares del tribunal”. Según lo que vean, el juez puede adoptar la decisión de intervenir a Vicentin.

Sigue el paro

La empresa se presentó a una audiencia en el ministerio de Trabajo de la provincia, de la que también participaron el Soea San Lorenzo y funcionarios de la cartera de Desarrollo Productivo de Santa Fe. “Intercambiamos opiniones y los funcionarios dijeron que iban a tratar de gestionar y ver en qué pueden colaborar para que el proceso salga adelante”, dijo Morales sobre el resultado del encuentro, que fue bastante magro.

El dirigente explicó que “sigue la retención de tareas en Vicentín” y también en Renopack -otra firma del grupo- “que no está concursada, no tiene ningún problema económico denunciado o registrado, pero también pagó solo el 30% de los salarios”.

Además, el dirigente de la conducción del Soea San Lorenzo dijo que también se retomó la medida de fuerza en la planta de biodiesel de Explora, ubicada en Puerto General San Martín, por el despido de cuatro trabajadores. La cartera laboral santafesina había dictado la conciliación obligatoria, pero al finalizar su plazo la empresa decidió mantener las cesantías, que para la organización sindical obedece a una cuestión de disciplinamiento de sus trabajadores, que reclamaron por la falta de pago de un bono contemplado en el acuerdo paritario del año pasado.

Los trabajadores también son acreedores

La firma que defaulteó 1.300 millones de dólares ahora debe sueldos.

«Yo lo dije cuando hubo tanta presión de una parte de la sociedad que decía ‘Todos somos Vicentín’: defendían a los estafadores. Bueno, este es el resultado, y no solo que no van a pagar los salarios, sino que no pagarán a nadie de los que estafaron antes de llevarse la plata quién sabe adónde», dijo Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Es que la aceitera que sigue en concurso de acreedores desde 2020 anunció el pasado fin de semana que pagaría solo el 30% de los sueldos a su personal.

Ahora, tal como el gremio advirtió el mes pasado, se cuece un paro nacional del sector ante el mal presagio de la continuidad de la empresa, ya sin contratos de fazón y actividad cero.

Hace dos semanas finalizaron los contratos de fazón que mantenían a la planta de Ricardone en actividad. Desde entonces, reina la incertidumbre.

A fines de febrero hubo una reunión entre ejecutivos de Vicentín y representantes gremiales. Allí los emisarios del directorio anticiparon este escenario.

En resumen, el directorio de Vicentín responsabiliza al concurso de acreedores y sus consecuencias por esta imposibilidad de pago. Viene de un par de reveses judiciales por su concurso de acreedores. Primero, la Corte Suprema provincial rechazó la propuesta de pago que había hecho el directorio por considerarla injusta e inconstitucional. Luego, un tribunal de segunda instancia prohibió alterar el patrimonio de la empresa concursada en lo que respecta a su principal activo, la fábrica de biodiesel Innova, con base en Timbúes. Algunos acreedores sospechaban que había un plan furtivo para desapoderar paulatinamente a Vicentín de Innova, en beneficio de su accionista mayoritaria, la multinacional Viterra (ex Glencore).

«Tuvimos una reunión con la empresa en Ricardone y nos dijeron que no sabían si el 28 de febrero podrían pagar. Que terminarían de pagar a medida que fuera entrando plata, pero no dieron ningún plazo. Y profundizaron aún más: que el problema no era solo de pago de salarios sino también la continuidad laboral por falta de producción. Porque los acreedores, que estaban dando la soja para su molienda, no le querían dar más trabajo. Y más allá de eso, si se la daban tenían que pagar por adelantado, así que estaban en una situación… es como pedirle al albañil que venga a hacer un trabajo pero que tiene traer los materiales y recién después se le va a pagar», graficó Yofra.

«La situación es complicada. Estamos pidiendo intervención al Estado nacional, que no nos atiende; y al gobierno provincial por obvias razones: el 90% de la molienda está en Santa Fe. Si esto persiste, seguramente habrá un paro nacional», confirmó el dirigente aceitero.

«No sabemos si la situación financiera que describen es verdad, es creerles a los estafadores. No hay más incertidumbre sobre lo que vaya a pasar: ya está pasando. Estamos en manos de especuladores y con un Estado ausente, nacional y provincial. Como lo tuvimos cuando (Alberto) Fernández planteó la intervención y acá estaba (Omar) Perotti. También, como hoy, era un estado ausente», afirmó Yofra.

Habrá huelga nacional aceitera

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo anunciaron que a partir de las 6 de la mañana del miércoles 12 de marzo comenzaría una medida de fuerza conjunta en todas las plantas y puertos aceiteros del país. Es ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva salarial aceitera, el incumplimiento salarial de Vicentín SAIC y el incumplimiento de los derechos laborales en Explora SA Puerto San Martín.

Compartimos comunicado:

Ante la decisión de la CIARA y las empresas aceiteras de dilatar la negociación paritaria y las diferentes acciones en contra de las y los trabajadores que encabezan firmas como Vicentín, que no pagó los salarios, y Explora, que despidió a 2 trabajadores, iniciamos una Huelga Nacional Aceitera. Así lo definimos desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, conjuntamente con los cuerpos de delegados de las empresas aceiteras y de biodiesel de todo el país.

Vencido el 31 de diciembre de 2024 el acuerdo salarial de la paritaria aceitera hace más de dos meses que están demorando el diálogo con propuestas irrisorias o que son, directamente, una falta de respeto hacia los trabajadores que día a día producimos en las plantas de todo el país, rompiendo con la negociación que venimos realizando hace largos años. Por estas razones, esta medida es exclusiva responsabilidad de las cámaras y las empresas del sector que llevan adelante un grave e ilegal avasallamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras.

Están intentando echar por tierra años de lucha sindical, con la cual logramos conseguir un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (artículo 116), que define al SMVM como la menor remuneración que debe percibir el trabajador en su jornada legal de trabajo de ocho horas, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

El accionar patronal, que impacta directamente sobre nuestros salarios, se parece demasiado a una revancha patronal, donde pretenden combinar el ajuste salarial y la militarización de plantas, como ocurrió en Explora. En el día de hoy, ante la Secretaría de Trabajo, Vicentín ha manifestado que tiene contratos con empresas como Bunge y ACA “por doce años, los cuales garantizan el pago de los costos de producción y los salarios. Estos contratos se harían operativos una vez homologado el acuerdo preventivo de acreedores”, acuerdo que ha sido rechazado por el Juez del concurso y por la Corte Suprema de Santa Fe.

Es claro el grosero accionar extorsivo de las empresas aceiteras, quienes utilizan a los trabajadores y sus necesidades como rehenes de sus disputas por quedarse con una torta más grande del negocio.

Por todo esto, es que decidimos iniciar una Huelga Nacional Aceitera desde las 6 horas de mañana para que terminen con la política de avasallamiento de los derechos laborales.