El accionar represivo del Gobierno contra las manifestaciones y la persecución a funcionarios judiciales que lo investigan sigue llamando la atención de la comunidad internacional. Un grupo de relatores de Naciones Unidas expresó su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023” en relación a las respuestas que el Poder Ejecutivo, con Javier Milei a la cabeza, y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dieron a diversas protestas. Tras dos meses de indiferencia, la Rosada solicitó una prórroga para responder a estas advertencias.

A través de una carta formal que enviaron el 12 de mayo pasado, los funcionarios de la ONU expresaron al Gobierno nacional su preocupación por la represión a la protesta pacífica desde diciembre de 2023 en base a un cúmulo de información que recibieron desde entonces sobre diversos episodios. La misiva advierte que las situaciones “alarmantes” sucedieron luego de la aprobación del Protocolo Antipiquetes, que Milei, Bullrich y compañía han aplicado desde entonces. Además de episodios de represión de la protesta social y actitudes que atentan contra la libertad de protesta y de expresión, les relatores especiales pudieron el foco sobre lo que consideraron un “ataque directo a la independencia judicial”, en base a diversas denuncias que recibieron sobre hostigamientos a jueces y fiscales que investigan el accionar represivo.

Les representantes de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU difundieron la carta formal el viernes pasado, tras dos meses de indiferencia de parte del Gobierno nacional, al que habían requerido aportara información sobre los puntos advertidos. Recién entonces, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo comandado por Milei solicitó “una prórroga con el fin de dar respuesta”.

Según la información que recibieron y reciben sobre la situación de la protesta social en Argentina, la actitud del Ejecutivo frente a manifestaciones, concentraciones y asambleas implicó “violaciones a la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y asociación, uso desproporcionado de la fuerza, de armas menos letales, y de detenciones arbitrarias en el contexto de asambleas pacíficas; así como violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de detenciones arbitrarias, y acciones que impiden la independencia judicial y, por lo tanto, el acceso a la justicia por los hechos cometidos, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos”.

“Los Estados no solo tienen la obligación negativa de abstenerse de interferir indebidamente en los derechos de reunión pacífica y de asociación, sino también la obligación positiva de facilitar y proteger estos derechos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”, puntualizaron les relatores en su misiva.

Las advertencias y solicitudes las realizaron les relatores especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gilda Romero; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards; la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Claudia Mahler; y el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Matthew Gillett.