Para los últimos cinco meses del año se estima un incremento real del 2,8% en los ingresos totales, de modo que la suba en todo el año podría resultar del 0,6%, menor que el crecimiento del PBI real, aunque debe considerarse que este año ya no aporta el impuesto PAIS.

El gasto primario subió un 2,4% real anual en los primeros siete meses del año, con una variación del 24% en las erogaciones que ajustan automáticamente por inflación con un rezago de dos meses.

Este importante aumento en los primeros meses del año ocurre, en parte, porque compara contra los meses de 2024 en los cuales más se sintió el efecto del ajuste fiscal y aún estaba vigente la anterior regla de movilidad con ajustes trimestrales. El gasto que no ajusta en forma automática, en cambio, sufrió una nueva baja entre enero y julio del orden del 12% real anual.

Dada la inflación esperada para los últimos cinco meses del año se proyecta una suba del 15% anual real en el gasto automático, de modo que el gasto no automático debería registrar una caída del 12% interanual real entre agosto y diciembre para cumplir el compromiso acordado con el FMI de un superávit primario de 1,6% del PBI en 2025.

No obstante, teniendo en cuenta la nueva ley en materia de discapacidad, y si se aprueban los proyectos relacionados con los ATN y el impuesto sobre los combustibles, con un costo cercano al 0,2% del PBI en lo que resta del año, las erogaciones no automáticas deberían recortarse aún más, alrededor del 14% anual real entre agosto y diciembre (en lugar de un 12% con el escenario base), para alcanzar el objetivo de un superávit primario del 1,6% del PBI.

Con datos para veintitrés jurisdicciones, el Ministerio de Economía da cuenta de que el gasto en el consolidado de provincias subió en el primer trimestre un 14% real anual, con guarismos que van desde un 64% en Santiago del Estero, un 43% en Tucumán, un 40% en Corrientes y un 37% en Formosa, Tierra del Fuego y Chubut hasta menos del 5% en provincias como Misiones, Mendoza, Buenos Aires y San Luis. En Santa Fe aumentó un 20%, en CABA un 19% y en Córdoba un 16%.

Para la ejecución del gasto en el primer semestre de 2025 se cuenta con datos individuales de ocho provincias, a partir de los cuales se puede observar que sus ingresos totales aumentan considerablemente este año, desde el 20% en Río Negro hasta el 7% en San Juan, con incrementos del 9% en CABA y Mendoza, netos de la inflación. En el promedio de ocho jurisdicciones, los ingresos totales se incrementaron un 11% anual real durante el primer semestre.

Por el lado del gasto, en ninguna de las ocho jurisdicciones aumentó menos del 17% anual real en el primer semestre, con guarismos que van desde dicho nivel en CABA hasta un 48% en Formosa, un 33% tanto en San Juan como en Chaco y un 29% en Río Negro. En el promedio de ocho jurisdicciones, el gasto creció un 25% anual real.

El gasto corriente de la administración pública no financiera, en tanto, acusó un suba promedio de 23,1% real en el primer semestre frente a igual período del año anterior, con aumentos destacados en Formosa (43,7%) y Chaco (34,5%), así como también variaciones más moderadas en CABA (15%) y Mendoza (20%). Este desempeño, aunque elevado, fue algo inferior al del gasto total, que se expandió un 24,8% real en promedio. La diferencia sugiere que, además del fuerte dinamismo del gasto corriente, otros componentes (como el gasto de capital) también contribuyeron a explicar la expansión del gasto público agregado.

Queda claro que, si se consolidan los niveles de incremento del gasto observados en algunas provincias en lo que va del año, no solo se pondrá en riesgo el logro del equilibrio fiscal a futuro en algunas de ellas sino que además no quedará espacio fiscal para reducir el peso de impuestos provinciales muy distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos.

Dado que para el éxito del programa económico resulta imprescindible no solo el equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno sino también mejorar en forma importante los niveles de competitividad de la economía a través de la concreción de reformas claves, como la tributaria, a más tardar para el 2026 deberían acordarse topes para el aumento del gasto en los tres niveles de gobierno, de modo que no exceda la tasa de inflación. Si se cumple el tope al gasto, y la economía crece con subas de recaudación que superen la tasa de inflación, los excedentes podrán destinarse a bajar la presión tributaria en los tres niveles de gobierno.