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La propuesta contempla una reducción del 14,08% en los montos de los impuestos alcanzados, porcentaje que corresponde a la participación del SISVIAL dentro de la distribución específica prevista por la Ley 23.966. El texto aclara que la suspensión no afectará otros destinos de la recaudación vinculados al sistema previsional, el Fondo Nacional de la Vivienda, el transporte automotor y ferroviario, ni a las provincias.

El proyecto ordena además determinar, dentro de los diez días hábiles de su eventual entrada en vigencia, el denominado “Saldo Vial Acumulado”, integrado por disponibilidades bancarias, inversiones financieras, créditos y otros activos vinculados al sistema vial provenientes de recursos ya recaudados. Dichos fondos deberán destinarse prioritariamente a tareas de conservación, mantenimiento, rehabilitación y seguridad de la Red Vial Nacional, así como a la finalización de obras con ejecución parcial.

La iniciativa también establece que esos recursos no podrán ser transferidos al Tesoro Nacional ni utilizados para otros fines, y dispone que la suspensión del componente vial del impuesto sólo cesará cuando la Auditoría General de la Nación certifique que el saldo acumulado y sus rendimientos fueron efectivamente aplicados a obras, bienes y servicios vinculados al sistema vial.

En los fundamentos, Félix sostiene que “el Estado no puede continuar exigiendo a los contribuyentes nuevos recursos con una afectación determinada por ley mientras retiene o subejecuta una masa extraordinaria de fondos previamente recaudados para ese mismo objeto”. El legislador afirma además que la medida busca generar un incentivo para acelerar la inversión en rutas y, al mismo tiempo, aliviar la carga tributaria que incide sobre el precio de los combustibles.

Según se señala en el proyecto, entre comienzos de 2024 y mayo de 2026 habrían ingresado al Sistema Vial Integrado más de 1,5 billones de pesos, mientras que sólo una parte de esos recursos habría sido ejecutada. Sobre esa base, la iniciativa sostiene que no resulta razonable continuar cobrando tributos destinados a infraestructura vial mientras existen fondos previamente recaudados que permanecen sin aplicación efectiva.