Las ventas proyectadas por el Gobierno implican una profundización de las realizadas entre 2015 y 2019. En ese período, se vendieron importantes predios en Capital Federal, como playa Colegiales, playa Palermo y la playa de Empalme Norte, en todos los casos con destino a emprendimientos inmobiliarios “premium”.

Las ventas fueron duramente objetadas por informes de la Auditoría General de la Nación (AGN): el órgano de control detectó errores de cálculo en los montos y ventas por debajo del valor de mercado, entre otras irregularidades.

Al menos entonces, las subastas podían ser justificadas en la necesidad de generar recursos para sustentar la ejecución de diversos proyectos de transporte que se estaban construyendo, como los viaductos del Mitre y el San Martín o el Paseo del Bajo. Otras desafectaciones de terrenos ferroviarios, como los de Sáenz, Estación Buenos Aires o Mendoza, podían defenderse con la ejecución de proyectos de vivienda como los barrios PROCREAR.

En contraste, actualmente no ocurre ninguna de las dos cosas: la venta de estos terrenos apunta a un mero afán recaudatorio, mientras que no existe ninguna obligación de reinvertir esos fondos en las inversiones en infraestructura que el sistema ferroviario urgentemente necesita.

Las ventas de terrenos se dan al mismo tiempo que el Gobierno acelera la privatización de todo el sistema ferroviario, proceso que ya comenzó con la estatal Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL) y que avanza también en Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA). El proceso no implica ninguna obligación por parte del sector privado de invertir en la recuperación de la infraestructura.