Pasaron 68 años y, según denuncian desde el propio sector, hoy no se cumple casi nada de eso. Lejos de fortalecerse, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) viene sufriendo un fuerte desmantelamiento. Entre diciembre de 2023 y comienzos de 2026, el Gobierno echó a más de 800 trabajadores técnicos y operativos: ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados. Gente con experiencia concreta en rutas, no burócratas de escritorio.

En ese contexto, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) armó un informe detallado donde expone el estado crítico de las rutas y el riesgo que eso implica, tanto para quienes las usan como para la economía en general.

Los números oficiales del propio Sistema de Información Geográfica (SIG) de la DNV ya son preocupantes: al menos el 60% de la Red Vial Nacional está en estado regular o malo. Y encima, con mediciones parciales y desactualizadas. Algunas proyecciones elevan ese deterioro real a entre el 65% y el 70% de la red. Es decir, más de la mitad de las rutas del país están en problemas, en todas las provincias.

El informe pone el foco en varios casos críticos. Uno es la Ruta Nacional 33, que atraviesa Buenos Aires y Santa Fe. No solo impacta en la seguridad vial, sino también en la economía regional. Hay tramos proyectados desde hace años que nunca se hicieron.

Los diagnósticos técnicos en sectores como Casilda, Venado Tuerto, Trenque Lauquen, Rufino y Bahía Blanca detectaron fallas estructurales serias. No se trata solo de asfalto roto: en muchos casos la base sobre la que se apoya cedió. Traducido: el problema no es superficial, es de fondo.

Otra ruta señalada es la Nacional 151, clave para conectar el sur del país, Vaca Muerta, el turismo y las economías regionales de Río Negro y La Pampa. Ahí el deterioro es extremo: baches enormes, falta total de mantenimiento y sectores prácticamente abandonados.

Esta vía une Cipolletti (Ruta 22) con La Pampa y es estratégica para la logística petrolera de Vaca Muerta. Por allí circulan camiones con insumos y producción del norte patagónico. Sin embargo, el tramo entre el límite con Río Negro y 25 de Mayo está en estado crítico.

El panorama es desolador: baches tipo “cráter” que ocupan todo el ancho de la calzada y obligan a los conductores a usar la banquina; huellas profundas por el tránsito constante de camiones petroleros y mineros; sectores donde directamente desapareció el asfalto y quedó expuesta la base de piedra. No casualmente, es una de las rutas con mayor siniestralidad.

Y no son casos aislados. También aparecen en el informe las rutas 1V66, 3, 5, 7, A015, 34, 119, 120, 121, 136 y 1V11 (ex 11), todas con problemas similares, aunque en distinta escala.

“El 70% de la red vial nacional está en mal estado. No hay provincia que se salve”, asegura Fabián Cattanzaro, secretario gremial de FEPEVINA al portal El Auditor. Según explica, el mayor nivel de destrucción se da en rutas con alto tránsito pesado y vinculadas a corredores productivos.

La falta de mantenimiento y el poco control sobre el peso de los camiones agravan el cuadro. “Ya se excedió cualquier cuestión de mantenimiento. Hay que reconstruirlas directamente”, advierte.

El impacto no es solo en seguridad vial. También pega de lleno en la economía: más tiempo de viaje, más roturas en camiones, más costos logísticos. Según estimaciones que cita el gremio, el país pierde entre un punto y un punto y medio del PBI por año por estos sobrecostos. Y eso, además, espanta inversiones: nadie quiere poner plata donde la infraestructura básica está deteriorada.

Desde FEPEVINA sostienen que la DNV “existe formalmente”, pero fue convertida en “un cascarón institucional”, sin capacidad operativa real.

El informe también apunta a la caída del financiamiento. El Presupuesto 2026 consolidaría una baja real cercana al 75% respecto de 2023. A eso se suma una subejecución superior al 50% en 2024 y 2025. Incluso los fondos específicos del Impuesto a los Combustibles Líquidos —que fueron creados para financiar rutas— no se estarían ejecutando, pese a que se siguen recaudando.

En paralelo, se redujo fuerte la planta de trabajadores. “Éramos unos 5.500 y en 2024 se achicó casi un 20% el personal. El 30 de enero se publicó un nuevo retiro voluntario para 900 personas más. Eso nos deja en una crisis institucional muy seria, sin gente suficiente para hacer el trabajo”, advierte Cattanzaro.

Como telón de fondo, un relevamiento de la Fundación Éforo sobre la inversión nacional en obra pública en 2025 muestra fuertes desigualdades: Santiago del Estero tuvo el mayor incremento interanual, mientras que Santa Cruz fue la que más perdió. Además, CABA y la provincia de Buenos Aires concentraron el 55% de los recursos nacionales destinados a obra pública.

Mientras tanto, en el interior profundo, las rutas siguen acumulando baches. Y el decreto de 1958 que prometía cuidarlas parece cada vez más lejano.

FUENTE: TRIBUNA DE PERIODISTAS - CRÉDITO: Diego Goldberg