La FAM calificó la resolución judicial como una “acción política disfrazada de legalidad”, orquestada por lo que denominaron “el Partido Judicial”, y acusaron a sectores del Poder Judicial de estar “cooptados por intereses ajenos a los del pueblo argentino”.

Según los intendentes, la ex mandataria es perseguida por haber representado los intereses de las mayorías populares, defender la industria nacional, a las pymes, a los trabajadores, jubilados y estudiantes, y por haber gobernado “con soberanía y justicia social”.

“Proscribir a Cristina es proscribir a la democracia que nace de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía”, enfatizaron en el comunicado, y advirtieron que la decisión “es un mensaje disciplinador para quienes se atrevan a desafiar al poder económico y a los privilegiados de siempre”.

Desde los gobiernos locales, los intendentes remarcaron que “defender a Cristina también es defender la dignidad de los gobiernos locales, la voluntad popular y el derecho de nuestro pueblo a vivir en una democracia plena”.

El pronunciamiento finalizó con un llamado a la unidad frente a lo que consideraron una injusticia: “Desde todos los rincones de la Argentina, desde cada intendencia, comuna, organización u hogar, decimos con fuerza y claridad: Defender a Cristina es defender la democracia, la soberanía y el futuro”.