El Boletín Oficial es el órgano de difusión mediante el cual se publican las leyes sancionadas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo Nacional. La publicación de una norma en este medio es obligatoria para que pueda entrar en vigencia. Según el Código Civil y Comercial, aunque una ley haya sido sancionada y promulgada, solo comienza a ser de cumplimiento obligatorio a partir de su aparición en el BORA. 

La publicación está a cargo de la Dirección Nacional del Registro Oficial, que depende funcionalmente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Su misión incluye registrar leyes y actos del Poder Ejecutivo, clasificar y publicar jurisprudencia administrativa en caso de corresponder y garantizar que toda la información sea accesible tanto para los funcionarios como para la ciudadanía. La edición electrónica tiene idénticos efectos jurídicos que la impresa, lo que asegura que el Boletín cumpla su función de difusión formal en todo el país.

En ese sentido, con la eliminación de las vocerías oficiales, se advierte un cambio significativo en la forma en que la ciudadanía recibe información sobre las decisiones del Estado. Para Agustín Espada, investigador del CONICET, “la desintermediación del periodismo entre la ciudadanía y su gobierno es un criterio que disminuye la transparencia y afecta la capacidad de control ciudadano”.

La publicación en el Boletín Oficial está a cargo de la Dirección Nacional del Registro Oficial, que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación

Espada advierte que la eliminación de vocerías implica que la información oficial es mucho más acotada, sin análisis ni contextualización por parte de ninguna voz oficial. “Lo cierto es que, entre los periodistas acreditados en Casa Rosada, de los que participaban en las conferencias del ex vocero Manuel Adorni, había medios y profesionales de todo tipo y color”.

Según Espada, esa diversidad era clave para garantizar pluralidad y nutrir la discusión pública. “Por eso considero que la eliminación de vocerías empobrece nuestro debate público, sobre todo los insumos que tenemos para dar el debate: el análisis, la contextualización, las explicaciones y las argumentaciones no están siempre presentes en documentos legales como los que se publican en el Boletín Oficial. En muchas ocasiones es necesario, como el propio gobierno lo sabe, contar con la presencia de una voz oficial que las exprese y las explique”, agrega.

También señala que, aunque la interpretación del Boletín siempre fue parte de la labor periodística, ahora esta tarea se vuelve indispensable, porque el BORA se convierte en la única fuente oficial de información, más allá de algunas entrevistas que puedan dar los funcionarios.

En este contexto, Guillermo Mastrini, especialista en políticas de medios y derecho a la información, aclara que “lo que hace el Boletín Oficial es dar publicidad de los actos de gobierno, es obligatorio que se comuniquen todas las resoluciones y decretos que va tomando, así como las leyes, y eso es lo que se publica. Pero el Boletín es una cuestión más técnica y no tiene que ver con la vocería, que adquiere una función informativa”. Y aventura: 'Entiendo que la vocería se va a mantener en los hechos, más allá de su eliminación formal”.

Con la desaparición de voceros oficiales, el Boletín Oficial deja de ser solo un registro formal y se convierte en un canal central, aunque técnico, para que los ciudadanos conozcan leyes, decretos y actos ejecutivos. El reto que asoma es asegurar que la información oficial siga siendo transparente y comprensible, evitando que la complejidad legal se convierta en una barrera para el control ciudadano y la participación informada en el debate público.