En el marco del ciclo de entrevistas “Reforma previsional”, realizado por el medio El Auditor.info, Adrián Troccoli dialogó sobre el sistema jubilatorio, los cambios que se necesitan y el rol de la Justicia a la hora de hacer lugar a los pedidos de los beneficiarios. 

Troccoli es abogado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y se desempeñó como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde 2004 es socio en el estudio jurídico que lleva su apellido.

Cuando se piensa en una jubilación socialmente aceptable, ¿la indexación con un diferencial positivo a la canasta IPC es un buen indicador para asegurar, al menos, un piso? ¿O debería estar indexada a otra variable o conjunto de variables macroeconómicas?

- Considero que el IPC es aceptable, siempre que funcione bien. Por ahora tiene alguna crítica, que no es menor. Por ejemplo, actualizar la canasta en este momento, sería un problema. Pero el IPC, en teoría, me parece un buen parámetro de piso.

Para mí, el sistema ideal es otro, un combinado, y tendría que ser con un fondo anticíclico. Esto es: IPC de base y, en la medida en que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) sea superior, que exista el compromiso de destinar una parte de la mejora a los jubilados.

No estamos acostumbrados a una inflación lógica del 2% o 3%. Entonces, en un crecimiento del PBI del 3% se podría destinar una mejora a las prestaciones del 1,5%. No sé la relación exacta, pero yo voy por el lado del PBI y no de una variable salarial, porque las variables que tenemos en Argentina son altamente distorsivas.

¿Con qué fórmula de movilidad anterior estarían mejor los jubilados?

- La verdad es que están mejor con la actual. La ley de (Mauricio) Macri empezó a funcionar en marzo de 2018; después se sumaron los decretos de Alberto Fernández, durante 2020; luego cambiaron la fórmula y establecieron una ley de movilidad distinta que empezó a funcionar en marzo de 2021. Sin nada de eso, se hubiera establecido lo que está ahora, que es IPC con dos meses de atraso. Los jubilados estarían mucho mejor, muchísimo mejor. ¿Cuánto mejor? El doble.

¿Qué debería ocurrir con el bono?

- El bono no debiera existir porque se dio por inflación. De hecho, la razón de ser del bono, dado por los decretos de septiembre de 2022 y por solo tres meses -aunque después se continuó-, decía que era por culpa de la inflación producida por factores externos. Esto es lo que dice el decreto. 

¿Las jubilaciones de 2013 no serían superiores a las que existen si se llevaran a valores actuales?

- No me animo a decir cuánto podría dar la fórmula de Cristina (Fernández de Kirchner) porque tenía varias trampas, pero una en particular: dividía el resultado por la variación de los beneficios puestos al pago sin moratoria. Si hay menos jubilados sin moratoria, cobran más. Como el resultado de la economía de los últimos 25 años en Argentina indica que hay cada vez menos jubilados con aportes, entonces esa ley de movilidad, que empezó a funcionar en marzo de 2009 y dejó de funcionar en 2017, habría dado más, pero inflado por un factor que no corresponde.

Entonces vos tenés ahora más jubilados que antes, pero muchos menos sin moratoria. El resultado es que el índice hubiera dado más, pero sería altamente distorsivo. De hecho, supongamos que dé el doble de la inflación: no sé si estarían mejor los jubilados, porque cuando querés hacer eso no lo podés pagar y se funde el Estado, se funde la caja.

Cuando un fallo judicial obliga a ANSES a recomponer los haberes de un jubilado, también se incrementa el gasto sobre las cuentas públicas. ¿Es eficiente esta decisión de ajustar los haberes mediante una fórmula que corre por detrás a la inflación y luego recomponer por la vía judicial?

- Lamentablemente, el sistema del cual también lamento ser parte, al jubilado le ocurre como en el tango: el que no llora no mama. El jubilado que va y se queja en la Justicia es el que, vamos a decir, recibe lo que le corresponde. No es tan así, pero por lo menos obtiene una recuperación, aunque no sea total ni a tiempo. Ese es el principal problema, pero es efectivo para que el sistema funcione. ¿Por qué? Porque no todos lo hacen.

Te doy un ejemplo. La reparación histórica tenía principalmente que recomponer lo que no había dado la administración entre 2002 y 2006, que es el resultado del fallo Badaro. Los abogados hicimos alrededor de un millón de juicios contra el Estado por este caso y la Reparación Histórica, en 2016. No digo que bien, pero al menos se pagaron alrededor de dos millones de beneficios. No es que la gente se adhirió, de hecho fue un fracaso, pero había dos millones de personas que, según la Reparación Histórica, seguían cobrando mal. Entonces, una de las conclusiones que saco de esto es que, aun después de mucho tiempo, solo 1 de cada 3 jubilados que tenía derecho fue a reclamar a la Justicia.

El número es menor porque hay un factor -aunque no me gusta decirlo en estos términos- clave: no todos los jubilados llegan al final del juicio. El promedio de edad en el sistema está en el orden de los 82 años.

¿Qué consensos o puntos de encuentros hay en el debate actual sobre el sistema previsional? ¿Hay posibilidad de avanzar con una reforma integral antes de fin de año?

- La verdad es que no reconozco ningún consenso. Creo que estamos todos de acuerdo en que el sistema previsional es un problema o que los que están en el sistema previsional tienen un problemón. Depende de dónde pongas el foco, pero eso es todo. Creo que no hay ningún otro consenso.

No hay consensos en cómo se soluciona, en cuál es la medida de la solución razonable. Lo que más me preocupa es que creo que no hay una intención de ponerse de acuerdo. Tuve la oportunidad de escuchar, tanto en debates abiertos y a viva voz, como en despachos de diputados, que les preocupaba o les interesaba, veían como algo válido hacer un proyecto que terminara en una ley que fuera vetada por el Poder Ejecutivo, a solo efecto de que el Ejecutivo pagara el costo político.

Si se arranca de ahí, es muy difícil llegar a una forma de diálogo. No veo cómo puedo hablar con alguien que me dice eso, tenga o no razón en el reclamo, si el objetivo es que alguien pague el costo político. Te estás olvidando de los jubilados, de la función del legislador, de la República, de todo. Entonces, en esas condiciones, me parece que es casi imposible consensuar.