En un contexto de alto nivel inflacionario, desde la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA), entidad que integra a 143 cooperativas (entre ellas 128 prestadoras de electricidad), alertó sobre la imposibilidad material de cumplir con las obligaciones para la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.

Según publica el medio de Balcarce, La Vanguardia, en este escenario, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) comenzó los procesos de embargos contra cooperativas eléctricas que, según fuentes oficiales, la deuda alcanzó los $490.925 millones a febrero 2024.

Sin embargo, el Gobierno nacional ha decidido embargar a nueve pequeñas cooperativas de la provincia, que brindan servicios en: Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate, las cuales representan el 12% de la deuda total.

En el caso de las distribuidoras eléctricas en general y de las asociadas a la Federación, la gravedad de la situación económica y financiera está dada por los insuficientes ingresos del componente conocido como Valor Agregado de Distribución (VAD), cuyo destino es afrontar los costos de construir, operar y mantener la infraestructura de la red eléctrica (el último incremento percibido data de abril de 2023).

En este sentido se alertó que, el panorama es apremiante. De esta manera, las cooperativas se encuentran ante la imposibilidad de cubrir la totalidad de sus principales costos operativos, tanto sea la adquisición de energía, la compra de los insumos necesarios para prestar el servicio o el propio pago de los salarios a sus trabajadores con el grave conflicto económico y social que ello significará en las comunidades en donde están presentes.