El relevamiento se realizó sobre la Administración Pública Centralizada, es decir sobre los organismos integrantes del gabinete y los ministerios. Sobre este universo, CIPPEC analizó la Alta Dirección Pública (ADP), aquellas personas que ocupan cargos medios y que son el vaso comunicante y articulador entre los cargos políticos de ministros, secretarios y subsecretarios, y las burocracias operativas. De acuerdo al informe, en 2020 este sector estuvo compuesto por 367 direcciones nacionales y 141 direcciones generales. En total serían 508 cargos directivos que deberían cumplir distintos requisitos establecidos por la ley de empleo público en el régimen Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Según Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública de CIPPEC, analizar estos cargos es importante porque de acuerdo a la ley estos mandos medios son el máximo escalafón al que se puede acceder y son el techo de la carrera del empleado público. “En la práctica, está ocupado de manera discrecional por la lógica político partidaria. Entonces el piso y el techo del empleado público es muy bajo”, explicó.
CIPPEC analizó el comportamiento en el sector entre 2015 y 2020, y evaluó que la estabilidad de los funcionarios que ocupan cargos políticos es de menos 2 años en el 36 % de los casos y de apenas 2 años en el 34%. En el caso de los cuadros técnicos, el tiempo de mandato también es corto: de menos de 2 años en el 33% de los casos y de 2 años sólo en el 41% de los casos. “El poco tiempo que dura un directivo en su cargo lo que está mostrando es que está atado a la suerte del actor político con el que llega al Estado y eso repercute claramente en detrimento de las capacidades estatales y la memoria institucional”, explicó Diéguez.
Según Diéguez, la baja duración en el cargo se debe a la volatilidad de las estructuras estatales y a la modalidad de designaciones transitorias.
La baja duración se debe a varios factores: uno de ellos es la volatilidad en las estructuras estatales que se modifican no sólo cuando cambia el gobierno sino también cuando se renueva el ministro dentro de la misma gestión. Por otro lado, la estabilidad se ve afectada por la manera de contratación: esos directivos públicos no ingresan por medio de concursos sino con designaciones transitorias, por eso están exceptuados de requisitos profesionales o presupuestarios. “La contracara es que hay un nivel mayor de personalización entre los mandos medios y los cargos políticos, porque cuando ese ministro o secretario termina su gestión es ampliamente probable que ese directivo se vaya”, aseguró el especialista.
En contraposición al poco tiempo de permanencia en el cargo, la literatura especializada considera que el ciclo de una política pública es de 7 años contando el tiempo que pasa entre su diseño, implementación, monitoreo y evaluación. “Si el directivo sólo se está dos años o migra de un ministerio al otro, todo el know how se va con él. Es como que el Estado esta empezando de cero todo, en loop y reseteo todo el tiempo, porque la dinámica sociopolítica es muy volátil”, explicó Diéguez.
Otro dato del estudio es la cantidad de directores nacionales y generales designados durante el 2020. Diéguez, remarcó que se desaceleró el ritmo debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), lo que impidió completar el organigrama del nuevo gobierno a 3 meses de su inicio. Por su parte, con el establecimiento del distanciamiento (DISPO), a pesar de que aún quedaban designaciones pendientes de efectuar, el espacio directivo se encontraba alcanzando una designación promedio aproximada del 70%. En total están designados formalmente el 71% de los cargos de conducción en las direcciones nacionales (261 de 367) y el 76% en las direcciones generales (107 de 141). “Si bien esto no implica que el resto de las direcciones en estos ministerios se encuentren carentes de liderazgo, sí implica ciertas limitaciones respecto a los procedimientos administrativos del Estado”, destacó CIPPEC.
Otro dato que arroja el relevamiento son los ministerios donde más crecieron las designaciones. Entre ellos se destacan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de Defensa, el de Seguridad y el nuevo Ministerio de Mújeres, Géneros y Diversidades.
Diéguez expresó que este análisis muestra que el Estado no se da una política para sus recursos humanos estratégicos porque los concursos son procesos complejos que llevan tiempo y no son compatibles con la urgencia de la gestión. “El concurso lleva al menos un año, implica una duración y una burocracia que no se condice con los tiempos de la gestión”, recalcó.
Por último, el especialista reflexionó sobre las consecuencias del reseteo constante en el Estado: “En un contexto como la pandemia, tan dinámico, abrupto y disruptivo, se necesitan perfiles tecno-políticos para gestionar la crisis. Si esos directivos públicos no están, o estaban y se fueron, hay un doble o triple desafío. Eso evidenció esta coyuntura”.
